Fachada de la Diputación de Huelva.
Fachada de la Diputación de Huelva. Europa Press/Archivo

En concreto, el grupo socialista presentará diversas mociones con un marcado carácter social. Dos de ellas tienen como denominador común el apoyo a las personas con discapacidad y la tercera pide la puesta en marcha de un plan especial de formación profesional para el empleo.

En la primera de las mociones, los socialistas apoyan la proposición de ley presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo socialista sobre la creación de un Fondo de Accesibilidad Universal en el que se pide que en el presupuesto de cada obra pública, así como en las inversiones públicas destinadas a infraestructuras y a tecnologías de la información y las comunicaciones, financiadas total o parcialmente por el Estado, se incluya una partida equivalente al menos al uno por cien de los fondos que sean de aportación estatal.

Su destino será financiar actuaciones dirigidas a garantizar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, tanto física como tecnológica de las administraciones públicas.

En la segunda, el grupo socialista pedirá al pleno un posicionamiento favorable para instar al Gobierno de España a que apruebe el Plan Nacional de Accesibilidad, garantizando con ello la accesibilidad universal para todos.

La tercera y última moción del grupo socialista tiene que ver con la formación. Según el texto de la misma, "la judicialización por la vía penal de la gestión de la formación profesional para el empleo en Andalucía ha causado un enorme daño a estas políticas".

Por ello, el Gobierno de la Junta de Andalucía, "ante la enorme alarma social y mediática que se generó con este asunto, adoptó la prudente decisión de suspender la convocatoria de subvenciones para cursos de formación, iniciando una estricta colaboración con la justicia para el esclarecimiento de los hechos investigados, así como una diligente gestión de los expedientes administrativos en proceso de justificación, para garantizar el control sobre el correcto proceder de las entidades beneficiarias".

En la moción se insta al Gobierno de España a que cuantifique y transfiera la dotación derivada de la no ejecución de los cursos de formación para el empleo en Andalucía, desde los años 2012 a 2016, con el objeto de elaborar y poner en marcha un plan especial de formación profesional para el empleo en Andalucía que implemente las cantidades que en los próximos cinco ejercicios presupuestarios correspondieran a la comunidad autónoma andaluza para el desarrollo de esas políticas de formación.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

Por su parte, el PP lleva a este pleno tres mociones. En una de ella reclamará el apoyo del resto de grupos a la prisión permanente revisable para evitar su derogación. Para los populares, "el actual es un modelo penal que protege a la sociedad de delincuentes condenados por asesinatos especialmente crueles y que presentan elementos que hacen temer una reiteración de sus delitos". A su vez, el PP llevará otras dos iniciativas relativas a la declaración del año 2018 como 'Año del Condado de Niebla' en la provincia con motivo de su 650 aniversario y a la actitud leal entre instituciones.

El grupo de IU también llevará tres mociones. En la primera esta formación defenderá una iniciativa para que esta institución entre a formar parte del órgano de participación, creado por Ayuntamiento de Huelva a iniciativa de IU, para buscar una solución a las balsas de fosfoyesos en Huelva, y que contribuya económicamente a financiar los trabajos de su comité de expertos, "que hasta ahora sólo ha obtenido 100.000 euros, aportados por la Universidad de Huelva, de los 800.000 euros que necesita".

A su vez, IU pedirá el apoyo a movilizaciones convocadas por la coordinadora estatal de plataformas de defensa del Sistema de Pensiones Públicas el próximo 22 de febrero y, por otro lado, a los trabajadores de la empresa Matsa.

Por último, el diputado no adscrito, Ruperto Gallardo, defenderá una moción para pedir al Gobierno central que compense a los ayuntamientos por las pérdidas de ingresos en la recaudación de la plusvalía.

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