Así lo ha dicho hoy la vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, a preguntas de la prensa después del anuncio, conocido ayer, de que el Grupo Tragsa está trabajando con el MAPAMA en la búsqueda de una solución "definitiva y de garantía" para finalizar las obras del subfluvial de Santoña.

La entidad adjudicataria de las obras, en la que participan Acciona Infraestructuras y la empresa constructora Ascan, tiene pendiente de ejecutar 1.200 metros para dar cumplimiento al contrato firmado con Tragsa, según informó ayer esta última.

Hoy la vicepresidenta de Cantabria ha explicado que el pasado mes de enero envió una carta a la ministra de Medio Ambiente "pidéndole información y explicaciones" sobre esta obra que lleva "un año y dos meses" paralizada y que es "fundamental" para el saneamiento de la Cuenca del Asón, además de suponer una "inversión importante".

Díaz Tezanos ha reiterado que el Gobierno regional "está a la espera" de que García Tejerina le informe de la situación puesto que el MAPAMA es "el competente" en esta actuación.

El Ejecutivo regional quiere saber "todo lo que ha acontecido en este tiempo (de paralización)" y las "previsiones de futuro" de cara a solucionar los problemas técnicos y jurídicos que existen actualmente.

TRAGSA

Tragsa manifestó ayer en un comunicado su "implicación activa" como contratista principal de las obras del colector interceptor general Santoña-Laredo-Colindres, con el fin de dar una solución "definitiva y de garantía" que permita culminar las obras de infraestructura y saneamiento integral en la zona.

Según detalló, el proyecto se encuentra "paralizado" debido a diversas cuestiones técnicas y jurídicas que afectan a la ejecución de los trabajos de construcción del túnel contratados a la UTE Subfluvial de Santoña, constituida por las empresas Acciona Infraestructuras y Ascan Empresa Constructora y de Gestión, subcontratista y responsable final de la citada construcción.

La licitación realizada por Tragsa, establecida inicialmente por importe de 9,7 millones de euros, tuvo en consideración, en el momento de su adjudicación, la capacidad técnica y experiencia de gestión en este tipo de proyectos acreditada por la oferta ganadora.

En cuanto a los aspectos técnicos, la UTE "no ha logrado una solución que permita el necesario reemplazo de los elementos de corte que requiere la tuneladora para proseguir los trabajos de perforación en el fondo del mar", tal y como preveía el desarrollo del proyecto.

En cuanto a las razones jurídicas, la UTE interpuso una demanda en mayo de 2017 contra Tragsa, solicitando la resolución del contrato o la modificación del mismo en una cantidad económica que "supera el presupuesto inicial de la obra".

En este sentido, Tragsa indicó que no solo se ha opuesto a la demanda de la UTE sino que, por su parte, ha solicitado en el mismo juzgado de primera instancia de Madrid la resolución del contrato y la correspondiente indemnización.

Y es que este grupo considera que la parada de la tuneladora que impide ahora continuar con los trabajos es una "responsabilidad única" de la UTE y de la forma en que se ha ejecutado la perforación, lo que ha "imposibilitado" el cambio pertinente de cuchillas, provocando el incumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada la "complejidad" del procedimiento judicial, Tragsa está trabajando en coordinación con el MAPAMA para estudiar la viabilidad, en las condiciones actuales, de continuar con el proyecto técnico planteado y, en su caso, analizar otras alternativas que permitan culminar la actuación, indicó en su comunicado.

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