La Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull la medida de prisión provisional sin fianza hasta la mitad de la pena impuesta, y comparecencias periódicas para Gemma Montull y el extesorero de CDC Daniel Osàcar, por riesgo de fuga ante las altas condenas del caso Palau.

Así lo ha solicitado la fiscal Marta Marquina en una vista en la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona, en el Palau de Justícia, con la presencia de los cuatro condenados, sus defensas y las partes acusadoras.

El tribunal condenó a Fèlix Millet a 9 años y ocho meses de prisión; a Jordi Montull, a siete años y medio; a la exdirectora financiera e hija de Jordi Montull, Gemma Montull, a 4 años y medio, y al extesorero de CDC Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses.

La defensa del expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, Abraham Castro, se ha opuesto este lunes a la petición de prisión provisional de la Fiscalía Anticorrupción: "Como no le ponga un turbo a la silla de ruedas, no sé cómo va a huir".

En su posicionamiento durante la vista celebrada este lunes ante la Sección Décima de la Audiencia de Barcelona -tribunal que enjuició el caso Palau-, Castro ha negado que haya riesgo de fuga tras la condena, a diferencia de lo que argumenta la fiscal Marta Marquina: "Aquí está el señor Millet, como siempre ha estado en estos nueve años de procedimiento".

Ha opinado que, con la condena de nueve años y ocho meses de cárcel de Millet, "incluso" se disminuye el riesgo de fuga en comparación con la situación previa, cuando Millet se enfrentaba a los 84 años de prisión que le solicitaba la acusación particular y a los 27 que pedía Fiscalía en su escrito de conclusiones provisional.

Ha defendido que Millet tiene arraigo familiar en Cataluña, lleva nueve años casi "sin salir de su casa para nada", y que vive con su esposa y su hijo que padece de una discapacidad mental que requiere de su cuidado.

Alega además que, debido a este caso, Millet no tiene bienes para fugarse y que, según la propia sentencia, "no constan otros bienes distintos que los aportados para sufragar el daño puestos a disposición de la justicia".

Ha recordado que Millet sí tenía mucha capacidad económica cuando saltó el escándalo y entonces no huyó, sino que aportó todos sus bienes a la causa y colaboró en el esclarecimiento de los hechos: "La gran capacidad económica la tuvieron en su momento y no huyeron".

Sobre su estado de salud, ha resaltado que tiene 82 años, graves problemas de movilidad debido a una severa escoliosis que le causa "importante impotencia funcional", y que va en silla de ruedas, además de que tiene diabetes e insufiencia renal.

La defensa de Jordi Montull, Jorge Navarro, ha rechazado también la petición de la Fiscalía de que su cliente ingrese en prisión provisional, alegando la edad de Montull --75 años--, su estado de salud ya que tiene problemas cardíacos, y que ha cumplido "religiosamente" acudiendo a todas las citas con la justicia.

Además, considera que el hecho de que el mismo tribunal que dictó sentencia sea el que decida sobre las medidas cautelares chirría y supone una pérdida de neutralidad, haciendo así un "reproche al sistema de garantías" porque se atenta, a su juicio, al derecho de un juez imparcial.

En el mismo sentido se ha pronunciado la abogada del extesorero de CDC Daniel Osàcar, Judit Gené, se ha opuesto a la petición de que comparezca cada diez días en el juzgado ya que considera que dichas comparecencias "no son justificadas, necesarias y proporcionadas" y que, debido a los 82 años y estado de salud de su cliente -insuficiencia renal y cardíaca--, serían gravosas y difíciles de llevar.

Ha cuestionado que su cliente pueda tener medios, fuerzas y ganas de eludir la acción de la justicia --lo que justificaría las medidas cautelares-- y ha asegurado que Osàcar y sus cuatro hijos y seis nietos viven en Barcelona: "No tiene ningún otro sitio donde desarrollar su vida que con su círculo familiar y amigos".

En la vista, los fiscales anticorrupción Fernando Maldonado y Marta Marquina han pedido a la sala que decrete prisión sin fianza para Millet y Montull, mientras que para Osàcar han solicitado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias en el juzgado cada diez días.

Al igual que con Osàcar, Anticorrupción también ha solicitado que la Audiencia imponga comparecencias periódicas, en este caso de 20 días, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España para la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull, condenada a cuatro años y medio de cárcel.

La Abogacía del Estado y el Palau de la Música se han adherido a la solicitud de medidas cautelares planteadas por la Fiscalía, mientras que el representante del Consorcio del Palau ha asegurado ante el tribunal que este organismo "ni se opone a la petición de la Fiscalía ni se adhiere".

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), cuyo abogado Alex Solà ya mostró hace semanas sus reticencias a la prisión preventiva, se ha opuesto a las medidas solicitadas por Anticorrupción.

La comparecencia de este lunes se ha celebrado a petición de la Fiscalía, que a los pocos días de notificarse la sentencia del caso Palau anunció que solicitaría medidas cautelares para Millet y los Montull, quienes nunca llegaron a estar encarcelados por este caso pero hasta la fecha del juicio tenían el pasaporte retenido y la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado.

La Fiscalía también anunció que pediría medidas cautelares para Osàcar, que declaró en 2011 como investigado ante el juez instructor, sin que entonces ni el ministerio público ni ninguna de las acusaciones solicitó medida cautelar alguna para él.

Una vez que la Fiscalía ha expuesto sus argumentos y las partes expongan sus argumentos a favor y en contra de las medidas cautelares, la sala tendrá que deliberar sobre si las aplica o no, a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva los recursos planteados por las partes tras notificarse la sentencia.

La Audiencia de Barcelona condenó el pasado 15 de enero a cuatro años y cinco meses de cárcel al extesorero de CDC Daniel Osàcar por los 6,6 millones de euros de comisiones ilegales que la formación cobró a través del Palau de la Música de la constructora Ferrovial, a cambio de la adjudicación de obra pública.

La Audiencia también condenó a Millet y los Montull por saquear el Palau en beneficio propio, desviando fondos públicos y privados de que se nutria la institución para todo tipo de gastos domésticos, viajes y hasta las bodas de sus hijas.