La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha pedido a la oposición parlamentaria su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para conseguir la financiación para el pacto de estado de la violencia de Género. La oposición, por su parte, ha reprochado que no cumpla con su compromiso de no vincular esta financiación a la aprobación del PGE y de dilatar los tiempos para que las medidas del pacto sean efectivas.

La ministra —que ha comparecido en la comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el plan de ejecución que su departamento tiene previsto para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género— ha aegurado que "alrededor de la mitad (de las 214 medidas del pacto) ya han iniciado su proceso de ejecución" y ha valorado como "positivo" el ritmo de ejecución de las medidas del acuerdo.

Los socialistas habían pedido la presencia de Montserrat con el objetivo de que informara sobre por qué el Gobierno no ha incluido en los últimos decretos-leyes aprobados el incremento de, al menos, 200 millones de euros en 2018 para dar cumplimiento al acuerdo. Se trata de una partida prometida por el propio Ejecutivo en el Pacto que, se ha paralizado por la prórroga de los presupuestos para el próximo año.

La ministra ha insistido en  vincular los fondos para el pacto a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. "El Gobierno va a cumplir, como cumple siempre, con el compromiso económico destinado a desarrollar las medidas de este Pacto; 1.000 millones de euros durante los próximos cinco años. Pido responsabilidad para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para materializar las medidas del pacto ya que son la mejor herramienta y la más eficaz para luchar contra la violencia de género".

"Si no aprueban el pacto ustedes", le ha dicho a los portavoces de la oposición, "son ustedes los que dicen no al Pacto de Estado de Violencia de Género".

La ministra  ha pedido tiempo para "de manera ordenada y firme" se puedan realizar todas las medidas del pacto. Montserrat ha explicado que su departamento ha priorizado los trabajos tendentes a "la modificación de textos legales vigentes para incrementar la protección y dotar de más derecho a las víctimas". Porque el 33% de las medidas del pacto exigen reformas legales previas.

Montserrat ha explicado que, de las 214 medidas del pacto, 122 corresponden en exclusiva al Gobierno, 10 a las Comunidades Autónomas y un total de 82 son medidas compartidas por varias administraciones.

Entre las acciones iniciadas ha subrayado la creación de diez grupos de trabajo. Cinco de ellos se enmarcan en la conferencia intersectorial de igualdad, con las autonomías, ssobre las temáticas de: detección de la violencia, respuesta institucional, asistencia a la víctima, otras formas de violencia y compromiso económico. Otros tres grupos son exclusivos de su ministerio y trabajan sobre el seguimiento de modificaciones legislativas, la mejora del conocimiento y la modificación del decreto que regula el observatorio estatal de violencia de género). Los últimos dos grupos se centrarán en los cambios legislativos que necesita el pacto.

Entre los proyectos a punto de iniciarse, Montserrat ha destacado un convenio para la formación de farmacéuticos en materia de sensibilización en violencia de género y otro con RTVE para que la institución trabaje mejor la formación a todos los periodistas.

La ministra adelantó que en el último trimestre de 2017 se llevó a cabo un estudio sobre la percepción social de la violencia sexual, que actualmente está en evaluación, y que será público en unos meses. Y anunció que su ministerio financiará "la primera campaña de sensibilización social contra la violencia sexual". También se refirió a la macroencuesta sobre violencia de género, que en su próxima edición incluirá preguntas sobre la violencia sexual, y cuyo trabajo de campo se prevé comenzará a finales de 2018.

La responsable de igualdad del PSOE, Ángeles Álvarez, en su turno de palabra, ha negado que se hayan iniciado la mitad de las medidas del pacto a fecha de hoy y ha puesto en duda el compromiso del Gobierno con el mismo por no haber consignado aún su presupuesto de 1.000 millones acorados, 200 para 2018.

Álvarez ha preguntado si el Gobierno tiene pensado esperar al crédito extraordinadrio de verano para aprobar los 200 millones comprometidos, ya que de ser cierto "confinan la puesta en marcha del Pacto de Estado de Violencia de Género a 2019" porque "el Gobierno hará inviable que otras administraciones puedan poner en marcha las reformas y los proyectos que les competen".

El PSOE ha pedido a la ministra que se comprometa "hoy" tanto a llevar al próximo consejo de ministros la ampliación del crédito extraordinario que permitiría dota los 200 millones de este año al pacto así como a realizar las transferencias a otras administraciones antes de final de marzo, porque "cualquier fecha posterior sería obstaculizar la implementación de muchas medidas".

"De sus decisiones financieras depende que se tenga la llave para abrir y cerrar la acción del Gobierno y otras instituciones, y de momento esa puerta está cerrada y con varios candados", le ha recordado el PSOE.