El total de reclamaciones se situó en las 179, lo que supone un incremento del 80,8 por ciento respecto a 2016, año en el que se recibieron 99. De estas 179 reclamaciones, hasta 142 correspondieron a clínicas de cadenas dentales y franquicias.

El Colegio de Dentistas de Las Palmas ha explicado que "la práctica totalidad de las clínicas de cadenas dentales y franquicias, objeto de la mayoría de las reclamaciones en 2017, no son sociedades profesionales, razón por la cuál, a pesar de prestar los servicios propios de las clínicas dentales y de atender a los pacientes odontológicos", no puede "aplicarles ni el procedimiento de mediación ni el sancionador".

Para el Colegio se trata de un volumen de denuncias "escandaloso" y "alarmante", algo de lo que ya advirtió el pasado año. Tanto el pasado año como éste, aseguran, ya han advertido "a los órganos administrativos competentes del Gobierno de Canarias -Consejería de Sanidad, Servicio de Acreditación y Autorización de la Dirección General del Servicio Canario de Salud, Oficina para la Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios de la Consejería de Sanidad y Dirección General de Comercio y Consumo-", a quienes habría solicitado "la coordinación de actuaciones al respecto".

La entidad colegial ha remarcado que "tampoco tiene potestad para actuar en materia de consumo ante reclamaciones por defectos en la financiación, diferencias existentes entre presupuestos iniciales y precios finales, o porque deban seguirse pagando tratamientos inacabados en estas clínicas".

20 RECLAMACIONES DIRECTAMENTE ARCHIVADAS

"De ahí que 20 de las reclamaciones recibidas en 2017 se archivaran directamente por no se competencia colegial, remitiéndose a los organismos correspondientes", apuntan.

No obstante, el presidente del Colegio de Dentistas de Las Palmas, José Manuel Navarro Martínez, ha destacado que también en estos casos "el Colegio pone a disposición de los ciudadanos su Servicio de Información y Defensa del Paciente Odontológico, desde donde se facilita información a los pacientes sobre los derechos que les asisten y las alternativas para reclamar si así lo consideran oportuno, habiéndose habilitado una cita previa que nos permite prestarles una atención personalizada".

Donde sí actúa el Colegio de Dentistas de Las Palmas en relación a las reclamaciones contra cadenas de clínicas dentales y franquicias, es en lo concerniente a la ética profesional y la buena praxis de los dentistas que intervienen en el tratamiento dental en estas clínicas. "En su caso, si la Comisión Deontológica determina que la actuación profesional del dentista no ha sido la correcta, el Colegio ejerce su potestad sancionadora, tal y como corresponde", aseveró Navarro Martínez.

"PUBLICIDAD ENGAÑOSA"

"Una parte importante de las reclamaciones tramitadas tiene su origen último en la publicidad engañosa o desleal (precios gancho precedidos de las expresiones 'de' o 'desde' o con números diminutos insertos entre paréntesis explicados en otras partes del folleto; anuncios de prestaciones gratuitas que, en la mayoría de los casos, estarían integradas en el propio tratamiento a recibir; etc.), que causan una falsa impresión al consumidor medio, siendo objeto del mayor número de reclamaciones en 2017, los tratamientos de implantología, seguidos de las ortodoncias", explican.

Navarro Martínez quiso destacar, a su vez, la "esmerada labor" desarrollada por el Colegio en materia de reclamaciones e insta al Gobierno de Canarias a seguir actuando para mejorar la cooperación interadministrativa en esta materia: "La coordinación en las distintas competencias y funciones que cada uno ostenta en materia de reclamaciones es imprescindible para mejorar la eficiencia de su tramitación".

"Aunque hemos dado pasos muy positivos en estos últimos años de cara a la unificación de criterios, gracias a iniciativas como el Foro de Reclamaciones de Pacientes, donde intervienen todas las administraciones implicadas y cuya tercera edición celebraremos este año, debemos seguir avanzando para dar una respuesta eficaz a los afectados y para poner freno a esta escalada de reclamaciones, mediante la regulación administrativa de todos aquellos aspectos necesarios para la protección de la salud y de la economía de los pacientes odontológicos frente a quienes anteponen sus propios intereses mercantilistas", concluyó Navarro.