Según ha desvelado el Grupo Provincial Popular a través de un comunicado remitido a Europa Press, los autores de dicho informe ponen de manifiesto en sus conclusiones que el proceso de licitación del proyecto Meseta Skí no estaba sujeto a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que la modificación de los términos del contrato "no merecía, atendiendo a la legislación vigente en ese momento, la calificación de sustancial, y por lo tanto se respetó el principio de publicidad y concurrencia" así como que "no se produjo fraccionamiento del contrato, toda vez que la modificación del proyecto tuvo lugar por cuestiones técnicas sobrevenidas".

Asimismo, estima que "la adjudicación del contrato, las garantías y su resolución, se estiman conformes a la legislación de aplicación".

En cuanto a las alegaciones a los escritos de los grupos ecologistas "se estiman fundadas, con efectivo sustento documental y jurídico", mientras que las efectuadas frente al expediente sancionador "se estiman conformes a la literalidad de la norma de aplicación, habiendo resultado plenamente eficaces para los intereses de SODEVA".

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