Juan Ignacio Zoido comparece en la Comisión de Interior en el Congreso
Juan Ignacio Zoido comparece en la Comisión de Interior en el Congreso EUROPA PRESS

El PSOE quiere que el Congreso inste al Ministerio del Interior a saldar la deuda de 110 millones de euros que acumula con las comunidades autónomas desde 2012, entre ellas Castilla y León, cuando, según denuncia, los centros penitenciarios empezaron a devolver las facturas que les llegaban desde las conserjerías de Sanidad por los gastos derivados de la atención sanitaria a los presos.

En concreto, los portavoces del PSOE en la Comisión de Sanidad, Jesús María Fernández, e Interior, David Serrada, y el diputado por Málaga Miguel Ángel Heredia, han registrado en el Congreso una proposición no de ley sobre este asunto para que se debata en las comisiones de Interior y Sanidad de la Cámara Baja.

El departamento que dirige Juan Ignacio Zoido sólo asume la atención primaria de salud que se presta dentro de las prisiones, pero son las comunidades autónomas las que se encargan de las urgencias, hospitalizaciones, diagnósticos, consultas y, en general, de la atención especializada que reciben los reclusos.

En su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el primer partido de la oposición denuncia que esta situación afecta a todas las comunidades salvo Cataluña y Euskadi, la primera por tener traspasadas las competencias penitenciarias y la segunda por haber recibido la de la sanidad en las cárceles.

Hasta principios de esta década, el Ministerio de Interior mantenía convenios con las comunidades por las que éstas facturaban por la atención sanitaria prestada a la población reclusa. Pero, según resalta el PSOE, esos acuerdos fueron venciendo, justo en vísperas de que el Gobierno ejecutara el recorte de la sanidad publica de abril de 2012, y no se han renovado.

Las comunidades mantienen que la asistencia sanitaria a los internos está atribuida legalmente a la Administración Penitenciaria competente, que debe asumir su prestación por medios propios o a través de concierto", sin que la comunidad tenga que soportar "coste alguno por esta asistencia al no ser la titular de este servicio publico".

CONDENA DESDE BALEARES

De hecho, varias de ellas mantienen litigios abiertos con el Estado. Andalucía, que ha visto desestimadas sus pretensiones en primera instancia, reclama varios pagos de cinco millones por año, Castilla y León teme que el coste pueda dispararse hasta los veinte anuales y Aragón cifra en 1,4 la factura anual (4,1 millones sólo hasta agosto de 2015).

Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha condena a la Administración Penitenciaria a hacerse cargo de las facturas giradas por el Servicio Balear de Salud, reconociendo que es la Administración estatal la obligada, según el Reglamento Penitenciario, a asumir el coste de la atención sanitaria que no presta por medios propios.

Por todo ello, el PSOE quiere que el Congreso inste al Ministerio del Interior a abrir de "manera inmediata" una negociación con las comunidades autónomas con el objeto de acordar las condiciones de la financiación por parte de la administración penitenciaria de la atención sanitaria prestada por los servicios autonómicos de Salud a la población reclusa.

LA SOLUCIÓN, TRANSFERIR LA COMPETENCIA

Los socialistas consideran, en cualquier caso que la reedición de esos convenios sólo serviría como solución transitoria y que lo ideal sería el traspaso de esta competencia a las comunidades, junto con la correspondiente financiación del coste real de una asistencia sanitaria integral tal como estableció la Ley de cohesión y calidad de Sistema Nacional de Salud de 2003.

Por eso el PSOE también pretende la Cámara reitere el llamamiento que ya hizo en 2016 al Gobierno para acometer cuanto antes la integración de la sanidad penitenciaria en los Servicios Autonómicos de Salud, garantizando la transferencia a las comunidades de la financiación suficiente por el coste real y efectivo de los servicios".

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