El Tribunal Constitucional (TC) ha decidido por unanimidad suspender la investidura de Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat solo en el caso de que el Parlament acuerde que sea telemática o cualquier otra fórmula no presencial, han informado fuentes jurídicas.

Se trata de una medida cautelar acordada en respuesta al recurso del Gobierno, que contaba con el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, y que irá acompañada de un requerimiento en el que advierten de que su decisión debe ser obedecida, han señalado las mismas fuentes.

Con ella, y después de seis horas de reunión, los magistrados han logrado mantener la unanimidad que ha marcado las resoluciones del TC en relación con el procés soberanista, pese a las discrepancias existentes respecto a la admisibilidad del recurso.

Y la fórmula ha sido la medida acordada este sábado por la noche, que pasa por suspender "cualquier sesión de investidura que no sea presencial y que no cumpla" tres condiciones, según la parte dispositiva del auto, cuyo texto íntegro se conocerá en los próximos días. "No podrá celebrarse el debate y la votación de investidura del diputado don Carles Puigdemont i Casamajó como candidato a presidente de la Generalidad a través de medios telemáticos ni por sustitución por otro parlamentario", es la primera.

Tampoco podrá procederse a la investidura del candidato "sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la Cámara, si está vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión".

Como tercera condición, los magistrados imponen que los miembros del Parlament "sobre los que pese una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión no podrán delegar el voto en otros parlamentarios". Y concluyen declarando "radicalmente nulo y sin valor y efecto alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga las medidas cautelares adoptadas en la presente resolución".

Esta medida cautelar la han tomado mientras deben decidir aún sobre la admisión a trámite del recurso, algo que harán una vez hayan oído a todas las partes y hayan resuelto las dudas que han planteado los diputados electos del grupo de Junts per Catalunya (JxCat) sobre su admisibilidad, para lo cual dan un plazo de diez días.

Asimismo, el Constitucional ha admitido la personación de Puigdemont y los diputados de JxCat con el fin de que "puedan defender sus derechos e intereses legítimos a título particular".

La resolución será notificada personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los miembros de la mesa: Josep Costa; José María Espejo-Saavedra; Eusebi Campdepadrós i Pucurull; David Pérez; Joan García y Alba Vergés i Bosch. A todos ellos les advierte "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir las medidas cautelares adoptadas".

En particular, "de que se abstengan de iniciar, tramitar, informar o dictar" acuerdo o actuación alguna que permita proceder a un debate de investidura de Puigdemont como candidato que "no respete las medidas cautelares adoptadas", apercibiéndoles de las "eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no atender este requerimiento".

Tras la decisión, el Gobierno ha considerado que esto permite evitar así una "burla" a la ley, al Parlamento de Cataluña y al resto de grupos políticos de la Cámara.

A juicio del Gobierno, la prohibición de la celebración de un pleno "fraudulento" para investir a Puigdemont pone en valor el propio reglamento del parlamento de Cataluña frente al "fraude" y la vulneración de los derechos de los parlamentarios que supondría la investidura a distancia.

Además, el Ejecutivo recalca que Puigdemont no podrá atender de forma presencial el pleno programado para el próximo martes 30 sin haber obtenido previamente una autorización judicial, mientras esté vigente una orden judicial de busca y captura e ingreso en prisión.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha instado a respetar la decisión adoptada hoy por el TC al subrayar que todos los demócratas están obligados a respetar las decisiones judiciales, y ha asegurado que seguirá defendiendo la ley.