Los arrestados amañaban los encuentros sexuales y los grababan mediante una microcámara sin el conocimiento de ninguno de los que participaban en el mismo.
Posteriormente, las víctimas recibían las imágenes a través de su correo electrónico o teléfono móvil y eran chantajeados con difundirlas en las redes sociales entre sus familiares o conocidos.
Finalmente las víctimas cedían y realizaban un pago, pero el acoso no cesaba y les solicitaban más dinero.
La investigación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de que una persona estaba siendo extorsionada durante más de tres meses para efectuar distintos pagos y evitar la difusión de un vídeo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una prostituta.
Las primeras pesquisas determinaron que en un primer momento, y ante el temor a la divulgación del vídeo a través de Internet, la victima cedía al chantaje y realizaba el pago del dinero en sobres cerrados y depositados en lugares próximos a gasolineras.
Este hecho provocaba la demanda de nuevas peticiones económicas y un aumento en la presión sobre la víctima, que hacía que los extorsionadores repitieran los mensajes e incluso sometieran a vigilancias y seguimientos de la vida familiar y laboral del perjudicado.
Un miembro del grupo se dedicaba a gestionar un burdel digital que había creado en Internet donde amañaba la selección entre el cliente y prostituta.
Los arrestados se hacían pasar por una prostituta y establecían el lugar donde se realizaría el contacto y la tarifa acordada. De esta forma podían colocar previamente el dispositivo de grabación en las habitaciones para luego filmar a ambas partes sin su consentimiento. Luego reclutaban a la mujer a través de anuncios en la Red y la citaban en el domicilio marcado.
Tras varias indagaciones, los investigadores constataron que otras tres personas habían sido víctimas de los hechos. Con esta información los agentes procedieron a la detención de cuatro miembros de la organización como presuntos autores de delitos de delitos de extorsión y descubrimiento y revelación de secretos.
En el registro efectuado se intervinieron varios ordenadores portátiles, teléfonos móviles y las microcámaras utilizadas. Los agentes continúan la investigación ya que la cifra real de victimas está aún por determinar.
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