Junto a los agentes de la Guardia Civil se sienta en el banquillo de los acusados el empresario y presunto narcotraficante Juan Carlos Santorum Navazas. A los tres se les imputa la pertenencia a un grupo criminal que obtenía información confidencial de investigaciones del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) y se la facilitaban a narcotraficantes.

El juicio comenzó este martes con la declaración de todos ellos, que rechazaron cualquier implicación con estos cargos. Además, sus abogados defensores alegaron diversas causas para solicitar la nulidad de todo el procedimiento judicial contra ellos, petición que contó con la oposición de la fiscal encargada del caso, Marta Durántez.

Diego F., al que se localizaron 2.000 archivos de ECO Galicia en el ordenador de su casa, aseguró que tenía en su domicilio esos archivos porque se los facilitó Javier cuando le pidió ayuda para una investigación. Juan Carlos Santorum negó que los 500 archivos que aparecieron en un ordenador de su casa fuesen suyos e insinuó "persecución policial".

Según la Fiscalía, los tres operaban de manera "estable y continuada", al menos, desde febrero de 2013, fecha en la que se descubrieron las primeras fugas de información, hasta el 30 de julio del mismo año, día que se produjeron las detenciones.

Javier L., como miembro integrante del ECO Galicia, se encargaba, según la fiscal, de apoderarse o sustraer la información sensible o datos reservados de carácter personal que obraban en los archivos y sistemas informáticos utilizados por la mencionada unidad policial.

Diego F. se apoderaba supuestamente de información del Equipo de Drogas y Crimen Organizado de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Pontevedra aprovechando que, por su destino profesional, compartía dependencias con este equipo dentro de la Comandancia de Pontevedra. Además, se encargaba de difundir los datos que obtenían tanto él como el otro procesado.

PENAS

Esa información llegaba, según la fiscal, a personas ajenas a la Guardia Civil, entre ellas y fundamentalmente, a las personas afectadas por las investigaciones policiales. Diego F. se la facilitaba directamente a los interesados o a través del tercer procesado, Juan Carlos Santorum, vinculado policialmente con el narcotráfico, una actividad que se frustró como resultado de una investigación interna de la propia Guardia Civil.

Los dos guardias se enfrentan a una pena de 11 años y medio de prisión por un delito continuado de revelación de secretos en concurso medial con un delito de encubrimiento y de un delito contra la intimidad cometido por funcionario público en el seno de un grupo criminal. Además, piden que sean suspendidos de empleo durante tres años e inhabilitados de forma absoluta durante otros doce.

Para Juan Carlos Santorum pide siete años de cárcel por un delito de revelación de secretos y otro de integración en grupo criminal.

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