Según IU, el concejal de Patrimonio y Educación, Raúl García, ha podido incurrir en una "situación de incompatibilidad" como consecuencia de tres facturas emitidas por su cónyuge con cargo al Ayuntamiento en 2016 y 2017, toda vez que "la incompatibilidad que determina la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas debe apreciarse, de conformidad con la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los concejales y sus cónyuges, debiendo extenderse a sociedades de las que el concejal o su cónyuge sean administradores únicos".

En cuanto al concejal de Urbanismo y Servicios Generales, Álvaro Aranda, IU detecta una posible irregularidad al "enviar y ordenar a trabajadores del Ayuntamiento de Lora del Río a que realicen trabajos de albañilería en las instalaciones del cuartel de la Guardia Civil, siendo estas instalaciones propiedad del Ministerio del Interior, y por tanto no son de competencia del Ayuntamiento".

Y es que "se están realizando tareas de hormigonado en los aparcamientos del cuartel y son los operarios del Ayuntamiento los que están realizando estos trabajos", pese a que "su ámbito de actuación se corresponde con las instalaciones, edificios o calles que sean de titularidad municipal". "En ningún caso pueden realizar sus funciones en propiedades particulares ni de otras administraciones, como es el caso", avisa IU, señalando que no se conoce "la existencia de un convenio de colaboración con Guardia Civil o el Ministerio que avale estos trabajos".

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