La Fiscalía de Medio Ambiente continúa practicando diligencias para avanzar en su informe sobre las causas de la ola de incendios forestales que asoló a Galicia en octubre pasado, cuando se produjeron cuatro muertes en la comunidad gallega.

Con las diligencias "en marcha", según han señalado fuentes de la Fiscalía consultadas por Europa Press, el informe que ya ha recibido el fiscal Álvaro García Ortiz es el que encargó a la Consellería de Medio Rural, y que, según publica este viernes el diario 'La Voz de Galicia', establece que el 88% de los fuegos de octubre fueron intencionados.

Estas fuentes subrayan que aunque este documento es relevante, Fiscalía también pidió informes a otras instancias, y es preciso que analice toda esa información y los correspondientes atestados para que llegue a sus propias conclusiones.

En este sentido, recuerdan que el plazo que se dio el fiscal para tener listo su informe es de seis meses, y que por ahora ha transcurrido en torno a la mitad (lo que no quiere decir que necesariamente se vaya a agotar el tiempo fijado).

DECRETO DE INCOACIÓN

Ya el 18 de octubre, la Fiscalía Superior de Galicia informó de que abría diligencias de investigación penal destinadas a esclarecer si en la oleada de incendios forestales que se registró en Galicia durante la semana del 8 al 15 de octubre, con particular virulencia el sábado y el domingo, "existen indicios de una planificación coordinada en el origen de dichos siniestros".

El decreto de incoación de las diligencias, firmado por el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, recordaba las graves consecuencias de los incendios, que provocaron cuatro muertes, miles de afectados, riesgo de propagación en zonas urbanas con peligro real para personas y bienes, evacuaciones, así como extensas superficies quemadas en las cuatro provincias gallegas, especialmente las de Pontevedra, Ourense y Lugo, con grave afección a zonas de alto valor ecológico.

Ante la gran alarma social causada, y "sin perjuicio de las investigaciones que tramiten los diversos juzgados de instrucción del territorio para determinar los autores, partícipes y demás particularidades de cada evento criminal acotado espacialmente, de su exclusiva competencia", la Fiscalía consideraba necesario investigar si "los numerosos incendios originados obedecen a una iniciativa criminal compleja de grupos con intencionalidad que persigan objetivos supraindividuales".

El decreto de incoación de las diligencias recoge en sus fundamentos de derecho que, además de las causas tradicionales de los incendios, la forma en que estos se produjeron, los métodos utilizados, los espacios afectados y la simultaneidad en periodos temporales "hacen pensar en la posibilidad de una actuación criminal más allá de la de simples autores ocasionales con perfiles criminológicos conocidos", por lo que veía necesario llevar a cabo las indagaciones necesarias que permitan esclarecer los hechos.

Con este objetivo, la Fiscalía anunció que se dirigiría a las autoridades policiales con competencias en materia de incendios, es decir, Policía Autonómica (Unidad Adscrita a la Xunta de la Policía Nacional), Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía, para que elaborasen un informe detallado sobre los hechos descritos. También avanzaba que se recabaría la colaboración de la Consellería de Medio Rural, que es el departamento que ya ha terminado su parte.