El Ayuntamiento de Mugardos se personará en el juicio por la presunta trama urbanística

  • A propuesta del BNG, que gobierna en minoría
  • La decisión fue aprobada hoy en un pleno extraordinario
  • Se investiga un posible tráfico de favores en Urbanismo
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El Ayuntamiento de Mugardos  aprobó hoy, en pleno extraordinario, personarse como parte en la causa judicial abierta por una supuesta trama de tráfico de favores entre el departamento de Urbanismo y empresas privadas, para tener acceso a la documentación investigada.

En la causa  están imputados dos funcionarios y una ex trabajadora municipal, y también tendrá que prestar declaración como imputado el alcalde de la localidad, el nacionalista Xosé Fernández Barcia.

El personamiento, a propuesta por el BNG que gobierna en minoría, fue respaldado por el PP, el PSOE e Independientes por Mugardos.

Sin embargo,  fue rechazado por Esquerda Unida-Izquierda Unida, la formación que presentó las denuncias que derivaron en la investigación encargada por la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

En su intervención en el pleno, el alcalde pidió prudencia y defendió la inocencia del equipo de gobierno. Tras defender su "honestidad, honradez y trabajo" , el regidor local añadió: "Si tengo que asumir alguna responsabilidad política la asumiré, pero con dignidad".

Comisión de investigación

El pleno también aprobó la apertura de una investigación interna sobre los hechos relacionados con la presunta trama.

El alcalde  comparecerá el miércoles a las 10.00 h, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ferrol.  La Fiscalía ve indicios de prevaricación, pero no lo considera parte activa de la trama.

Los otros cinco imputados son los arquitectos Julia Cortizas -que trabajó como asesora de Urbanismo el pasado año-, su hermano Pedro Cortizas, y Elia Estraviz, los tres pertenecientes al estudio de arquitectura Xcale que se relaciona en la presunta trama de favores; la aparejadora municipal Carmen Piñeiro y el policía local, Ovidio Torrente.

A estas personas se les imputan presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, en una trama que establecería un entramado de favores entre el ámbito público y el privado. Los delitos que se le imputan inicialmente no les supondrían pena de prisión.

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