El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno, Fernando Gimeno.
El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno, Fernando Gimeno. EUROPA PRESS

Gimeno ha abierto la ronda de comparecencias de consejeros en Comisión de las Cortes de Aragón para dar cuenta del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para este año, que prevén un gasto de 6.161 millones de euros, un proyecto que "tiene vocación de tener mayoría" y que se basa en el acuerdo de los partidos de izquierdas, en un Parlamento "con la composición que han querido los ciudadanos".

"Soy de los convencidos de que habrá PGE", ha dicho el titular de Hacienda, observando que "nos estamos acercando, otra vez, a las fechas del año anterior", lo que "genera dificultades", ya que mientras no se aprueben los PGE la comunidad autónoma dejará de recibir del Gobierno de España unos 12 millones de euros cada mes, si bien "se acumularán todos" en el semestre siguiente. "Si eso no pasara la posición de este Gobierno es pelear claramente para resolver esta situación", ha advertido Gimeno.

Ha apostado por reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera, puntualizando que no ve al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hablando en este órgano en representación de la Generalitat de Cataluña, para discutir "qué pasa con la financiación de las comunidades autónomas" y debatir qué ocurrirá en el supuesto de que no se aprueben los PGE. "A esta comunidad le conviene que haya PGE", ha recalcado.

El consejero ha reiterado las líneas maestras de un proyecto de Presupuestos cuyas partidas sociales crecen "de manera espectacular" y que incluye medidas como el último pago de la extra de 2012 de los funcionarios autonómicos.

El Ejecutivo de Javier Lambán ha diseñado los Presupuestos de 2018 "a la ofensiva" y no "a la defensiva", como en los dos primeros años de la legislatura, dado que antes ha habido que "afrontar" medidas como la reducción del pago a proveedores de más de 100 días a una media de 11, la rebaja del déficit público y la elevada cuantía de la denominada Cuenta 409, que recoge pagos pendientes sin presupuestar. "Ahora la situación es distinta", ha dicho. Por otra parte, Fernando Gimeno ha expresado que no hay una previsión "importante" de recaudación por impuestos cedidos.

REGLA DE GASTO

El titular de Hacienda ha señalado que la UE y el Gobierno de España priorizarán el cumplimiento de la regla de gasto, un mecanismo de estabilidad presupuestaria, que será "complicado de cumplir" y que determina el gasto que pueden realizar las Administraciones públicas desde el inicio de la crisis.

"El déficit se va a cumplir" y "en la medida en que generamos menos déficit la regla de gasto se convierte en una realidad", ha expuesto Fernando Gimeno. En 2018, la regla de gasto se sitúa, para Aragón, en el 2,4 por ciento del PIB regional y el objetivo de déficit en el 0,4.

GASTO SOCIAL

El diputado del PSOE, Alfredo Sancho, ha defendido la política presupuestaria del Gobierno PSOE-CHA afirmando que "no era posible seguir recortando en gastos sociales" y que la "voluntad política" del Ejecutivo es "evitarlo a toda costa", lo que se manifiesta en el "compromiso" del programa de gobierno de "consolidar" los servicios públicos, llevar a cabo los acuerdos de investidura y recuperar la inversión.

En representación del Grupo Mixto, el portavoz de CHA, Gregorio Briz, ha puesto de relieve las políticas sociales que recoge el proyecto de ley, así como las medidas de empleo, con el refuerzo del INAEM, y la inversión para la creación de riqueza y vertebración territorial.

Ha enumerado algunas actuaciones incluidas en los Presupuestos, como la construcción de nuevos IES, la reforma de la estación ferroviaria de Canfranc (Huesca) y su entorno o la apertura de un centro logístico de BonÀrea en Épila (Zaragoza), en la línea de "llegar a consensos de la izquierda para hacer políticas de izquierdas" pese a la "horripilante" Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El parlamentario de Podemos, Héctor Vicente, ha resaltado el "crecimiento considerable" de los Presupuestos "gracias a cierta activación económica", abogando por "recuperar los niveles de gasto e inversión previos a la crisis". El Ejecutivo cuenta con el apoyo de la formación morada para la toma en consideración del proyecto de ley, ha recordado.

Ha recomendado "buscar nuevos destinos" en lugar del camino en "dos direcciones" de PP y PSOE. Héctor Vicente ha criticado que el PP "impone" desde Madrid "decisiones en contra de la soberanía de todos los aragoneses".

CARGA FISCAL

El parlamentario del PP, Antonio Suárez, ha llamado la atención sobre "la excesiva carga fiscal que soportan los aragoneses" y ha dejado claro que "lo que consolida la mejora en los servicios públicos es la inversión en infraestructuras y los equipamientos".

Ha reconocido que "si no hay PGE tendremos un problema", mostrándose convencido de que Montoro "buscará fórmulas con el resto de partidos para que no haya ningún perjuicio a ningún ciudadano español".

Desde el PAR, Elena Allué ha considerado que "Aragón lleva dos años y medio de bloqueo e inactividad en lo económico", poniendo de relieve las "crisis internas" de PSOE y Podemos, que han favorecido la "inestabilidad".

Ha criticado que Aragón sea la región "con mayor presión fiscal" y a la vez no se solucionen "todos los problemas de emergencia social" de los que alertaban los partidos de izquierda. También ha aludido a la inejecución presupuestaria.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Javier Martínez, ha tildado el proyecto de ley de "caótico" y ha advertido de que "tiene bloqueados 148 millones" del Gobierno de España, habiendo 350 millones que "no existen directamente", en alusión al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) y 100 millones en convenios, entre otras partidas.

Los Presupuestos de 2018 son "totalmente continuistas" y plantean "más bien pocas" políticas de izquierdas, si bien el Gobierno "tal vez" ha puesto "un poquito de orden" en las cuentas públicas durante esta legislatura. Ha lamentado que aumente la recaudación fiscal.

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