La Comisión Mixta del Algarrobico, integrada por representantes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente, se ha reunido en la tarde de este jueves en Madrid para analizar el contenido de la última sentencia del Tribunal Supremo (TS), que obliga al Gobierno que preside Susana Díaz a iniciar un pleito por vía civil para conseguir la inscripción registral a su nombre de las fincas que componen el sector ST-1 sobre el que se levanta el hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería). Ambas administraciones han reforzado su posición común de acatar la sentencia, por un lado, y hacer todo lo que esté en su mano para proceder "cuanto antes" al derribo de la construcción, por otro.

Según ha informado el Gobierno andaluz, en el encuentro, tras el análisis de los efectos de la sentencia por parte del Gabinete Jurídico de la Junta y la Abogacía del Estado, se han acordado varias cuestiones. En primer lugar, se preparará el expediente para solicitar la inscripción del retracto del suelo y del edificio del Algarrobico en el Registro de la Propiedad. Asimismo, vista la sentencia 272/2016 de 10 de febrero, se va a requerir al Ayuntamiento de Carboneras (Almería), en ejecución de lo mandatado en la misma, a que realice las actuaciones pertinentes para ajustar el planeamiento urbanístico al ambiental.

Por último, la Comisión ha acordado volver a fijar un encuentro cuando se reciba respuesta del Registro de la Propiedad.

En la sentencia del 7 de diciembre, el TS instaba a la Junta de Andalucía a acudir a la vía civil para hacerse con la titularidad de los terrenos, al desestimar el recurso interpuesto por el Gobierno andaluz contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que denegaba su petición de ocupación de la finca El Algarrobico sin previa inscripción registral y proponía que la empresa propietaria del hotel, Azata del Sol, designara una cuenta bancaria para poder hacer efectivo el pago del retracto.

De esta manera, el Alto Tribunal considera el retracto como un negocio patrimonial privado cuyas "controversias deben librarse en la jurisdicción civil", mientras que subordina la previa inscripción registral del documento por el que se transfiere la propiedad a la toma de posesión de las fincas. Todo lo cual "produciría conflictos cuya resolución debería dirimirse en la vía civil".