El presidente de COEPA, Francisco Gómez, se ha referido así a la propuesta de liquidación que llevará en la tarde de este jueves al Comité Ejecutivo tras más de 20 meses al frente de la patronal alicantina.

Sobre la disolución de la patronal, ha afirmado que llega como consecuencia de "errores propios del pasado, pero por una actuación directa e indirecta de los últimos gobiernos autonómicos dirigidas a hundir la entidad, a acabar con ella. Una situación que deja a los empresarios, y al conjunto de la provincia de Alicante, más empobrecida, con menos voz, con menos fuerzas e indefensos ante las decisiones de València y Madrid".

Gómez ha mantenido este jueves una reunión con el presidente de la CEV, Salvador Navarro, para avanzar en las negociaciones sobre la posible integración del Consejo Empresarial de la Provincia de Alicante (CEPAL) -que ultiman COEPA y Cepyme- en la patronal autonómica.

Al respecto, Francisco Gómez ha adelantado que se han fijado los primeros meses de 2018 como fecha máxima para formalizar la integración de CEPAL en la CEV. Gómez ha insistido en que se seguirá "avanzando para buscar la mejor fórmula de integración", y ha destacado "la buena sintonía y la actitud posibilitadora por ambas partes" para alcanzar un acuerdo.

DESMANTELAMIENTO

Asimismo, ha apuntado que la provincia de Alicante está sufriendo un proceso de "desmantelamiento, que tuvo su punto más grave con la pérdida de la CAM, una entidad vinculada al territorio pero que se ha ido acelerando con la pérdida de grandes proyectos como Ciudad de la Luz, el parque temático de Benidorm, el abandono del Puerto de Alicante, y la reducción de las inversiones en nuestro territorio. También sobraba COEPA y hasta terminar con su vida a los casi 40 años han puesto todos los esfuerzos".

Para el empresario alicantino, "había soluciones para que la administración, los extrabajadores y la patronal no perdieran, y se prefirió saltar todo por los aires a cambio de centralizar las voces empresariales en Valencia".

Ha apuntado que, con la liquidación de COEPA, "la administración no se asegura el cobro de las cantidades reclamadas, se pone en peligro la compensación pendiente de los extrabajadores, se descabeza una voz provincial y se deja en manos de una representación en Valencia, cuyos intereses no son los mismos al 100% y su configuración de grandes empresas no dibuja la realidad de Pymes y empresas familiares de la provincia de Alicante".

Para Gómez había otro camino: "Lo intentamos con el concurso de acreedores -al que llegamos en parte por errores propios heredados- que tenía solución con el plan de viabilidad que aceptó el juzgado. La dación en pago a la administración autonómica del centro de oficios habría permitido saldar la deuda, abrir un centro de formación importante para la Comunitat Valenciana, y hubiéramos podido seguir pagando a los extrabajadores y resto de acreedores".

"La situación vivida demuestra que no hay interés en 'coser la Comunitat Valenciana', sino en desgarrar lo que sea necesario para centralizar la toma de decisiones, controlar con menos actores posibles las reivindicaciones y someter las voces críticas al silencio", ha opinado.

"Nosotros siempre hemos defendido que debía existir entidades en todos los territorios, un sistema de convivencia entre organizaciones de ámbitos territoriales diferentes pero no enfrentado", ha zanjado.