La asociación ve "irresponsable" el empeño del Partido Popular en recortar derechos civiles, como es el caso del acceso a la sanidad pública universal, y en este caso, enfocado además a limitar los del colectivo de inmigrantes. Considera además "vergonzoso" que el Ejecutivo "recurra sistemáticamente al Constitucional leyes concebidas en las comunidades para proteger los derechos de los más desfavorecidos".

La organización critica además que la Administración central "ni actúa como debiera, ni permite que las comunidades adopten competencias en materia de derechos sociales. En lugar de crear de forma estatal leyes que protejan a los colectivos más vulnerables, el Ejecutivo impide que los únicos gobiernos que intentan impulsar propuestas y regulación en estas materias logren cualquier avance", ha señalado.

TORPEDEA LEYES SOCIALES AUTONÓMICAS

Asimismo señala que no es a primera vez que el Gobierno central pretende "torpedear" leyes que buscan promover políticas enfocadas a los más desfavorecidos en la Generalitat Valenciana. La asociación recuerda que ya lo ha hecho por un lado, con la ley de pobreza energética, que impide a las eléctricas cortar el suministro a los hogares en situación de vulnerabilidad sin antes avisar a los servicios sociales para que analicen su situación real.

Por otro, con la ley valenciana por la función social de la vivienda, que regula el derecho a una vivienda digna, enfocada a evitar la especulación inmobiliaria.

Considera que el Gobierno central debería abordar junto a las comunidades autónomas la protección de los colectivos más desfavorecidos y promover políticas en este sentido, como el acceso a la vivienda o a los suministros esenciales, y no favorecer con sus decisiones a las grandes empresas del sector privado a costa de todos los ciudadanos, incluidos los más vulnerables.