Marta Rovira
La secretaria de ERC y número 2 en las elecciones del 21-D, Marta Rovira, durante un mitin electoral en Blanes (Girona). Alberto Estévez / EFE

El juez del Supremo Pablo Llarena ha solicitado nuevas diligencias en la causa por el procés hacia la independencia y planea estudiar, una vez tenga los resultados, si imputa a más personas, entre las que podría estar la candidata de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira.

En todo caso, fuentes del alto tribunal apuntan a que las nuevas diligencias no se dirigen personal o concretamente contra Rovira ni contra ninguna persona, sino, en principio, se limitan simplemente a pedir datos objetivos a la Guardia Civil.

La intención del juez es saber si hubo un concierto para la independencia entre los representantes de CDC, ERC y las asociaciones independentistas ANC y Omnium Cultural, así como la Asociación de Municipios para la Independencia, y en qué actos concretos se plasmó ese supuesto plan.

Quiere saber además si alguna de estas asociaciones ha sufragado dichos actos. Y también conocer el papel en todo ello de las personas ya imputadas en la causa u otras, por ejemplo las que fueran miembros del llamado Comité Estratégico, del que según el documento EnfoCat formaba parte la citada Rovira, entre otros.

El juez exige investigar qué fondos públicos se han podido emplear en iniciativas anuladas o prohibidas por el Constitucional El documento denominado EnfoCat determinaba supuestamente la hoja de ruta a seguir tras la declaración unilateral de independencia (DUI) y en él se hablaba de un comité estratégico formado por el presidente y vicepresidente del Govern, miembros de grupos parlamentarios independentistas y los presidentes y vicepresidentes de ANC, Òmnium y Asociación de Municipios para la Independencia (AMI).

El valor del documento Enfocat como prueba ha sido cuestionado por algunas defensas de los imputados.

En todo caso, el juez quiere averiguar, siempre a partir de investigaciones de la Guardia Civil, si ese supuesto concierto incluía movilizaciones públicas y posibles actos violentos, y también si se han usado fondos públicos en dichos actos, caso de que se hayan llevado a cabo.

Así, exige investigar qué fondos públicos se han podido emplear en iniciativas anuladas o prohibidas por el Tribunal Constitucional, como podrían ser campañas de diseño y promoción de vídeos promocionales del referéndum, carteles, papeletas, urnas, registro de catalanes en el extranjero y otras semejantes.

Pide también un informe "individualizado" y "secuencial" sobre posibles actos violentos cometidos en el contexto del proceso independentista. Además, quiere saber qué hizo el conseller de Interior, Joaquim Forn, en tanto que responsable de las fuerzas de seguridad catalanas, relación con todo ello.

El magistrado reclama también al juzgado 13 de Barcelona, que ha instruido un sumario sobre hechos vinculados con la causa, diversas actuaciones que ha practicado en relación con el proceso secesionista.

El propio juez cita en su providencia los delitos de rebelión, sedición, prevaricación o malversación en los que podrían estar implicados los investigados en la causa u otros nuevos imputados.

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