Según ha explicado Carmona, el objetivo de trasladar esta comisión a distintos municipios, sacándola de la capital, como ya se hizo en Montemayor con problema silicosis, es intentar "concienciar y visualizar más entre la población de la provincia el grave problema de la siniestralidad laboral".

El responsable territorial ha hecho hincapié en que Lucena de enero a septiembre de este año

ha registrado 358 accidentes, casi un seis por ciento del total de los accidentes de la provincia, "y aunque supone un 24 por ciento (473) menos accidentes que el año pasado, no podemos bajar la guardia y hay que seguir trabajando para que esta cifra siga disminuyendo".

Asimismo, el delegado de Empleo ha informado de que la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, formada por la autoridad laboral y representantes de los agentes sociales y económicos representa al Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales en cada provincia, organismo que se creo en 1997 y que está orientado a "impulsar y coordinar las actuaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales que posibiliten la mejora de las condiciones de trabajo y disminuya la siniestralidad laboral en la provincia contribuyendo al establecimiento de cauces y procedimientos que garanticen y agilicen la cooperación en materia de seguridad e higiene y salud de los trabajadores".

En este ámbito, Manuel Carmona también ha destacado que para paliar y reducir el número de accidentes la Junta cuenta con herramientas como las ayudas a pymes para la puesta en marcha de acciones de Seguridad Laboral o la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022 recientemente aprobada. En cuanto a las ayudas para la convocatoria de este año, se espera que sean más de una treintena las beneficiarias y que las ayudas superen los 300.000 euros.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2017-2022

El Consejo de Gobierno ha aprobado este mes la Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-2022, que contará con un presupuesto de 59 millones de euros. El nuevo plan da continuidad al desarrollado entre 2010 y 2015, que logró una reducción del 24 por ciento en el número de accidentes y de un once por ciento en los mortales.

Su contenido presta especial atención a la incidencia de los siniestros de tráfico o los debidos a patologías no traumáticas, como infartos o derrames cerebrales, y a aspectos como la atomización del tejido empresarial, con medidas prioritarias dirigidas a las pymes, que representan el 98 por ciento del tejido productivo andaluz.

La estrategia, con 57 líneas de actuación y cuatro grandes objetivos, se desarrollará a través de tres planes bienales, que se aprobarán por el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales (Caprl), integrado por la Junta y los agentes económicos y sociales.

El primero de los cuatro bloques de medidas de la estrategia se centra en mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores, garantizar la aplicación de la normativa en las empresas, potenciar el asesoramiento e información y aplicar acciones específicas a riesgos que están cada vez más presentes, como los psicosociales.

SEGURIDAD VIAL Y CÁNCER

Asimismo, se priorizarán las acciones referidas a la seguridad vial, capítulo que actualmente supone un 13 por ciento de los accidentes en el trabajo y un 30 por ciento de las muertes; el cáncer de origen laboral, y las enfermedades profesionales, sobre todo las musculoesqueléticas, que representan el 60 por ciento de todas las comunicadas en los partes.

Las previsiones en este campo se completan con actuaciones de choque en los sectores con mayor siniestralidad, los programas de promoción de hábitos saludables en las empresas y la investigación de los accidentes.

El segundo gran objetivo se dirige a mejorar la gestión preventiva en las empresas, sobre todo las pymes. Entre otras acciones, se ofrecerán guías de buenas prácticas y programas de formación, además de incrementar la calidad técnica y la vigilancia de la salud en los servicios de prevención, estableciendo para ello ayudas específicas.

El tercer bloque recoge medidas de mejora de la eficacia del sistema de seguridad y salud en el trabajo, como reforzar el papel de instituciones como el Caprl o la red de Laboratorios Observatorios del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, la coordinación de los agentes que actúan en la materia, la investigación sobre los riesgos y la realización de encuestas y estudios.

Finalmente, la estrategia se completa con programas para consolidar la cultura preventiva en la sociedad andaluza y de divulgación y concienciación, así como acciones específicas en centros docentes y campañas en medios de comunicación y redes sociales.