Olona ha explicado que la sentencia del Tribunal Constitucional, en relación con el recurso que planteó el Gobierno de España a la Ley de Aguas y Ríos de Aragón, anula todas aquellas disposiciones, todos los preceptos, relativos a la gestión de la reserva hídrica.
"Lo que viene a suponer que anula la posibilidad de que el Gobierno de Aragón pueda gestionar esa reserva de forma unilateral, y lo anula en tanto en cuanto el Tribunal Constitucional considera que eso no se puede hacer ya que son competencias exclusivas del Estado", ha relatado.
Olona ha apuntado que el Gobierno de Aragón es leal al Estado: "Acatamos las sentencias, pero desde luego exigimos que esos mismos criterios se apliquen a todos los territorios". Ha señalado que, desde hace años, en el caso concreto de Cataluña esto lo vienen aplicando. "Lo que no tiene sentido es que lo que acatamos en Aragón no se acate en otros territorios de la cuenca".
También ha agregado que esta situación es consecuencia de que el Gobierno fue "demasiado lejos" parte de la legislatura anterior con este planteamiento que, según el Tribunal Constitucional, "invade las competencias exclusivas del Estado en materia de aguas y en una cuenca como la del Ebro que es intercomunitaria".
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