El Grupo Municipal Socialista de Madrid llevará el contrato que el Ayuntamiento tiene con la UTE Clear Channel-Cemusa para la instalación y explotación de los chirimbolos al Tribunal de Cuentas si el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no lo anula.

El portavoz del PSOE en el Consistorio de la capital, David Lucas, anunció hoy esta medida en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que tuvo lugar esta mañana.

Entre las  irregularidades, los socialistas señalan que "el contrato se convocó sin definir su objeto ni la cuantía exacta, dejando a la adjudicataria decidir cuántos se iban a instalar, dónde y por cuánto tiempo, algo contrario a la Ley". Según Lucas, el contrato con esta empresa ha hecho perder 72.559.285 euros al Ayuntamiento.

Además, el Grupo Municipal Socialista recordó que el área de Gobierno de Medio Ambiente "rompió los principios de transparencia e igualdad entre los licitadores cuando convocó y adjudicó los 'chirimbolos' a una empresa en la que trabajó el hijo del jefe del departamento de Mobiliario Urbano del Ayuntamiento, que fue el funcionario que diseñó el pliego de condiciones y firmó el informe técnico de adjudicación".

"Este contrato vulnera la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ya que ha existido una clara situación de restricción del derecho a la libre competencia de las empresas litigantes así como un gravísimo perjuicio económico para el Ayuntamiento", insistió Lucas, quien cree que "se trata de un contrato nulo de pleno derecho" y aseguró que así lo manifestarán ante el Tribunal de Cuentas.

El portavoz socialista destacó asimismo que "el tamaño de los chirimbolos supera hasta en un 300% el máximo permitido por la Ordenanza de Mobiliario Urbano" y que se estableció un sistema de valoración que no tuvo suficientemente en cuenta la mejor oferta económica y que no valoró el impacto ambiental y paisajístico de los chirimbolos.

"Las explicaciones ofrecidas por el jefe del departamento de Conservación y Rehabilitación de Mobiliario Urbano, José Fernández-Villa, en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, son insuficientes," apostilló Lucas.