En concreto, el Grupo Socialista propone que los salarios crezcan anualmente a un ritmo que permita que en 2021 "hayan recuperado el peso que tenían en el periodo previo a la crisis", según ha informado en una nota.

La portavoz del Grupo Socialista, Pilar Parra, explica que la moción también contempla un incremento gradual del salario mínimo interprofesional hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales en 2020, la derogación de la reforma laboral para recuperar el poder de negociación de los trabajadores, un acuerdo para que ningún empleado público cobre menos de 1.000 euros en 2018, un plan de choque para los jóvenes con medidas específicas, adoptar iniciativas concretas con la brecha salarial de género y trabajar para acabar con la precarización de los falsos autónomos "y todas las nuevas formas de súper explotación laboral a las que estamos asistiendo".

"En definitiva, creemos que ha llegado la hora de que el Gobierno del PP cambie su rumbo equivocado y devuelva la dignidad, los derechos y la justicia social a los trabajadores de este país. Hay que erradicar el empleo basura y los sueldos de miseria que sólo han traído más pobreza a las familias", ha subrayado Parra.

En este sentido, ha apuntado que el porcentaje de trabajadores en riesgo de pobreza ha pasado del 10,8 por ciento en 2012 al 14,8 por ciento en 2016. De hecho, los jóvenes han visto cómo sus salarios han caído un 5,5 por ciento y los nuevos entrantes en el mercado laboral lo están haciendo "con salarios que son un 25 por ciento inferiores respecto al resto de trabajadores". "Esto es inadmisible", recalca Parra.

Por otro lado, el PSOE ha presentado una segunda moción al pleno en la que exigirá al Gobierno de España que compense a los ayuntamientos por la pérdida de ingresos en la recaudación de la plusvalía. Esta iniciativa se registra después de que el Tribunal Constitucional haya declarado la nulidad de varios artículos del Real Decreto por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ese Real Decreto fijaba que el solo hecho de haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana implica necesariamente el pago de este impuesto "incluso cuando no se ha producido un incremento del valor o, más allá, cuando se ha producido un decremento del mismo". El TC pide modificaciones legales

para excluir del tributo "las situaciones inexpresivas de capacidad económica por inexistencia de incrementos de valor".

Por eso, el Grupo Socialista pide al Gobierno que promueva una reforma de este Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos, que compense a los ayuntamientos "por el 100 por ciento de las devoluciones que tengan que realizar" ante las reclamaciones de los propietarios a los que se cobró el impuesto de forma indebida, que "publique una nota aclaratoria sobre la actuación que deben seguir los ayuntamientos hasta que se apruebe la reforma y que se constituya un grupo de trabajo conjunto entre el Gobierno y la FEMP para esa reforma y para las medidas compensatorias por las pérdidas futuras de recaudación que va a ocasionar a los ayuntamientos".