La Generalitat ha presentado alegaciones a la aplicación del artículo 155 en Cataluña por parte del Gobierno. El plazo establecido para ese trámite expiraba a las diez de la mañana de este jueves y, según han confirmado a este diario desde el Senado, el burofax ha sido recibido a tiempo. Fuentes de la institución han especificado después que las alegaciones han llegado tres minutos tarde pero que serán admitidas.

"Ha habido un tema técnico en el burofax. Me han dicho que se ha quedado atascado el papel en medio", ha explicado al respecto el senador del PDeCAT, Josep Lluis Cleríes.

La comisión conjunta ad hoc de 27 senadores constituida el martes, a la que corresponde dar curso a las propuestas del Ejecutivo contra el Govern, abrió un periodo de tiempo para que la Generalitat pudiera defender su postura, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 189 del Reglamento.

El Govern ha decidido remitir mediante burofax el documento en vez de presentarlo en el registro de la Cámara, donde después de las diez de la mañana no tenían constancia de que hubiera entrado ningún escrito procedente de la Generalitat. Esto, en un primer momento, ha generado confusión y se ha llegado a informar de que el Ejecutivo catalán había rechazado presentar alegaciones.

En una carta de nueve folios dirigida al presidente del Senado, Pío García Escudero, el president, Carles Puigdemont, acusa al Gobierno de haber "sobrepasado ampliamente" y "sin justificación" los límites de las medidas que permite el 155, porque van más allá de buscar el cese de las actuaciones del Govern relacionadas con el proceso independentista y "despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones".

El texto pone de manifiesto que el 155, en su apartado 2, apunta a que el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma, "lo que resulta incompatible con destituirlas".

El jefe del Ejecutivo catalán defiende que el artículo no puede ser una "cláusula de plenos poderes" ni "un cheque en blanco al Gobierno del Estado" y argumenta que "no se puede leer de forma aislada ni en perjuicio de los demás preceptos". En ese punto cita el 137, que reconoce la autonomía de las comunidades para la gestión de sus intereses, y el 152, "que fija la organización institucional de las comunidades basada en una Asamblea legislativa elegida por sufragio universal, con un Consejo de Gobierno y un presidente, elegido por la Asamblea entre sus miembros".

Puigdemont advierte al Senado de que si da luz verde a lo decidido por el Consejo de Ministros, estaría imponiéndolo "sin una ponderada causa justificante, e incurriendo en un exceso notorio".

La carta objeta una por una las medidas. En el caso de la facultad de disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones habla por ejemplo de "verdadera aberración" y en cuanto a la disolución del Govern critica que supone "una ruptura de la relación de confianza política entre los representantes electos del pueblo de Cataluña y su Gobierno".

"La aplicación del artículo 155 pretender resolver un conflicto político con un conjunto de medidas de amplísimo espectro y de vigencia indeterminada cuya ejecución comporta inaplicar la propia Constitución española", señala Puigdemont, para concluir que "para resolver lo que el Gobierno de España ha calificado de grave situación extraordinaria, se va a crear una todavía más grave situación extraordinaria, al arrebatar a Cataluña su autonomía política".

A través del documento, Puigdemont designa como su representante en este proceso al delegado de la Generalitat en Madrid, Ferran Mascarrell i Canalda. En caso de que no fuera posible, dicha representación la asumirían los senadores Josep Lluís Cleries y Angel Estradé, de ERC. El presidente catalán anunció este miércoles que él no acudiría al Senado al considerar que la decisión sobre el artículo de la Constitución y las medidas a aplicar ya está tomada.