El expresidente del Gobierno Felipe González en un almuerzo-coloquio en Sevilla
El expresidente del Gobierno Felipe González en un almuerzo-coloquio en Sevilla. EUROPA PRESS

La aplicación del artículo 155 de la Constitución, que el Gobierno podría activar en 24 horas, ya planeó sobre Canarias en 1989, cundo el entonces presidente autonómico Lorenzo Olarte, del CDS, se negó a aceptar la supresión de aranceles que implicaba la adhesión a la Comunidad Económica Europea.

Y aunque el entonces presidente del Gobierno, Felipe González, envió un requerimiento al Ejecutivo canario, gobernado por una alianza del CDS, AP y una agrupación insular herrereña, para que cumpliera sus obligaciones fiscales, el artículo que faculta al Gobierno para la suspensión de la autonomía no llegó a activarse.

Si bien el artículo 155 nunca se ha aplicado, hace dos años, en septiembre de 2015, también salió a debate en Cataluña cuando los partidos independentistas, tras obtener mayoría de escaños en el Parlament, adoptaron una resolución por la que se declaraba el lanzamiento de un proceso para la proclamación de un Estado catalán independiente en forma de república. Proclamación que posteriormente fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Hace más de un cuarto de siglo, cuando el polémico artículo sí fue objeto casi de aplicación a cuenta del desarme arancelario canario, la negociaciones entre gobierno central y autonómico impidieron su puesta en marcha.

Todo comenzó a raíz de la decisión del Gobierno canario de no seguir aplicando el desarme de los arbitrios insulares, lo que provocó el incumplimiento del Tratado de Adhesión a la CE y un duro enfrentamiento con la administración central.

La Secretaría de Estado de Hacienda que entonces dirigía Josep Borrell advirtió al Gobierno de Canarias de que el Ministerio de Economía tendría que proponer la adopción de medidas, lo que podría pasar por la activación del 155.

En respuesta a esa advertencia, el Gobierno canario dirigió otro escrito al Ejecutivo central anunciando que se reservaba las acciones legales que le correspondieran ante las instancias nacionales e internacionales, en defensa de la garantía del bloque constitucional del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y el Estatuto de Autonomía.

Josep Borrell encabezó las conversaciones: tuvieron un final positivo que no parece que vaya a cumplirse ahora

Borrell confirmó a un grupo de periodistas que el Gobierno podía recurrir al Tribunal Constitucional y plantear al Senado la retirada de competencias a Canarias por este incumplimiento.

Hasta sus propios compañeros de filas en Canarias criticaron duramente a Borrell y el secretario general del Partido Socialista Canario-PSOE, Jerónimo Saavedra, calificó de "desdichadas" e "improcedentes" sus palabras.

Lo cierto es que el Consejo de Ministros se limitó a aprobar otro requerimiento al Gobierno canario instándole a cumplir la ley y, unos días después, Borrell viajó hasta las islas, donde se llegó a un acuerdo que desactivó todas las alarmas.

Pero esta situación no parece que se vaya a repetir mañana cuando el Consejo Ministros que se reúne en sesión extraordinaria, aplicará, con toda probabilidad, este artículo tras el consenso alcanzado con socialistas y Ciudadanos.

Reino Unido tiene su propio 155

No solo España tiene en su Constitución la posibilidad de suspender algunas de las competencias de las autonomías. De hecho, Reino Unido cuenta con su propia versión del artículo 155. Y sí lo ha utilizado. Lo ha aplicado cuatro veces con Irlanda del Norte.

Desde que se firmaron los Acuerdos del Viernes Santo, en 1998, el Parlamento británico ha suspendido la autonomía del Ulster de tal manera que los ciudadanos irlandeses pasan a ser gobernados por el Reino Unido: la última ocasión, hace diez años, fue la más duradera, puesto que la medida estuvo en vigor desde 2002 hasta 2007.