El juez de refuerzo de Púnica, Diego de Egea, ha suspendido la declaración como investigada de la exjefa de los servicios jurídicos en la Asamblea de Madrid, Tatiana Sonsoles Recoder, citada por los contratos de adjudicación de los servicios de cafetería del parlamento regional a Arturo Fernández en 2009.

De Egea, en sustitución del instructor de la causa, Manuel García Castellón, que se encuentra ausente esta semana, ha accedido a la suspensión de la comparecencia a petición de la defensa de Recoder, que ha alegado falta de tiempo para instruirse en la causa, ya que ha sido esta semana cuando se le ha dado el visto bueno a su personación, según han informado fuentes jurídicas.

Aparte de la concesión de los servicios de cafetería a Fernández en 2009, también se investiga a Recoder por otra adjudicación al empresario madrileño en 2011, por la que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llegó a pedir que se investigara también a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Cifuentes presidía entonces la mesa de contratación de esas licitaciones como vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y también participaba en los comités de expertos que decidieron la concesión al grupo de Arturo, quien previamente había ingresado 160.000 euros en la fundación Fundescam que se utilizaron presuntamente para financiar ilegalmente al PP madrileño.

Según un auto del anterior juez instructor de la causa, Eloy Velasco, existen "sólidos indicios" que acreditarían que empresarios como Fernández "fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos" donde "habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas".

A lo largo de la jornada del miércoles ha declarado también ante el juez De Egea Ignacio Palacios, exjefe de gabinete y presunto testaferro de Francisco Granados, quien fue detenido en la operación Púnica y quedó en libertad bajo fianza de 30.000 euros.

En su comparecencia, Palacios se ha limitado a responder a su defensa para negar los hechos que se le imputan y por los que está acusado de delitos de blanqueo, fraude, cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.

Además han comparecido como investigados Pedro Bernard Moreno, exdirector de proyectos de Arpegio; Adolfo Fernández Maestre, que asesoró a la empresa pública, la mujer de este, Sagrario Gómez Hernando, y José Luis Jaraba Pérez, de los servicios jurídicos externos de Arpegio.

Fernández Maestre, que asesoró a Arpegio como administrador de la empresa Análisis y Gestión de Desarrollos Urbanos (DUSA), que fue subcontratada por la empresa pública para gestionar las licitaciones públicas del plan Prisma, ha sido interrogado acerca de un flujo de fondos hacia cuentas que tenía abiertas en entidades bancarias suizas.

A este respecto ha explicado que tenía una cuenta en Suiza pero que era de un cliente que tenía en Nueva Zelanda, cuyo nombre ha dicho que no podía desvelar, y que le mandó una transferencia de 300.000 euros desde su propia cuenta para ahorrarse así 1.500 euros en una transferencia.