El secretario de Territorial del PP de Sevilla y portavoz del PP en Los Palacios y Villafranca, Rafael Ruiz, ha asegurado en un comunicado que "la Justicia vuelve a señalar a Antonio Maestre en su gestión al frente de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, cuando al recibir una subvención de casi 130.000 euros destinada a la formación de más de 3.000 trabajadores, la gastó donde no se debía".

"Este caso se une al reguero de irregularidades que la Justicia está juzgando actualmente y que señalan a Antonio Maestre como responsable, como es el caso centro ecuestre que se juzga en la causa de los ERE o la quiebra de la empresa municipal y las adjudicaciones que se hicieron a dedo y sin ningún tipo de concurso", abunda el dirigente popular.

"En aquellos años, el PP de Los Palacios denunció en numerosas ocasiones las graves irregularidades y abusos de Maestre tanto en el Ayuntamiento como en la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir. Lamentablemente, si el PSOE provincial hubiera actuado ante estos avisos, muchas de esas irregularidades no se hubieran producido y el dinero de los ciudadanos se hubiera destinado a lo que determinaba la ley y no al arbitrio de Maestre".

Según el portavoz popular, "una vez más, el pueblo de Los Palacios vuelve a salir en los medios por hechos derivados de la nefasta gestión del anterior alcalde, Antonio Maestre, pero también de la gestión del actual alcalde, Juan Manuel Valle (IP-IU), que después de seis años sigue sin solucionar los problemas que generó el gobierno socialista de Maestre". "Incluso están aumentando las deudas como las que mantienen con proveedores y con los trabajadores municipales a los que les debe seis nóminas", avisa.

"La decisión del Juzgado de Lebrija no sólo pone en evidencia las supuestas ilegalidades que se cometieron al frente de la Mancomunidad del Bajo Guadalquivir, sino que además, y los más preocupante, es que está claro que para aquel gobierno socialista la prioridad no era ni los trabajadores, ni la formación, ni el empleo, la prioridad estaba en seguir gestionando las administraciones y organismos públicos como si fuera su cortijo privado aunque eso conllevara saltarse la Ley".