La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este viernes una querella contra el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y su Gobierno por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación (último delito que implica penas de prisión) por convocar el referéndum del próximo 1 de octubre.

La Fiscalía ha presentado a mediodía ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) las querellas criminales por la convocatoria de referéndum del 1 de octubre y los miembros de la Mesa del Parlament que facilitaron la tramitación de la ley del referéndum, han informado fuentes judiciales.

Una querella es contra los miembros de la Mesa que permitieron la tramitación de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica (anunciada este miércoles por la Fiscalía Superior de Justicia de Catalunya por los delitos de desobediencia y prevaricación) y otra, contra el presidente de la Generalitat y el resto del Govern por los decretos de convocatoria y organización del referéndum.

Según dijo el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, estas acciones se hacen "en defensa de la legalidad y del derecho, ante la gravedad de la situación generada en la Comunidad de Catalunya, provocada por los responsables de la Generalitat que actuando en violación de la Constitución y del propio Estatuto de Autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional".

Maza, a su vez, ha presentado un oficio en el que ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas que intervengan en el caso de la celebración del referéndum interviniendo si es necesario "los efectos del delito", en referencia a las urnas, y elaborando el correspondiente atestado ante "cualquier actuación a nivel provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares".

Así se señala en el escrito remitido por Maza tanto al fiscal superior de Cataluña como a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió la noche de este jueves la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta independentista del próximo 1 de octubre.

La querella contra la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, y los otros cuatro miembros de la Mesa se interpone por "su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales". La Fiscalía les achaca delitos de "desobediencia grave cometida por autoridad pública", prevaricación y malversación, este último tipificado con penas de prisión.

"La conducta de Carme Forcadell que, como presidenta del Parlament y junto con el resto de los miembros de la Mesa querellados, rechazaron las reconsideraciones a la tramitación de las dos proposiciones de leyes permitiendo su inclusión en el orden del día y finalmente su aprobación, evidencian su contumaz y obstinada voluntad de incumplir los mandatos constitucionales", afirma el escrito.

La Fiscalía pide que se tome declaración como investigados a Forcadell y a los otros cuatro querellados: Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet, de Junts pel Si, y Joan Josep Nuet, de Catalunya Si Que Es Pot. Reclama también citar como testigos al secretario general del Parlament, Xavier Muro, al letrado mayor de la cámara, Antoni Bayona; al vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo-Saavedra, y a su secretario segundo, David Pérez.

La Fiscalía afirma que "en ningún caso pueden los querellados excusarse en el privilegio de la inviolabilidad", ya que esta "no alcanza a cualquier actividad delictiva que comentan los parlamentarios".

Por otra parte, la Fiscalía ha pedido el cierre de las webs a través de las que se está impulsando y dando "una apariencia de cobertura legal" al referéndum de independencia. Asimismo, quiere que se aperciba a todos los medios de comunicación públicos y privados para que no inserten publicidad o propaganda sobre el referéndum.

Por ello, solicita el cese de actividad de las webs garanties.cat y https://connectat.voluntariat.gencat.cat/referendum2017 desde las que se impulsa y da "apariencia de cobertura legal y normalidad" al referéndum y añade que esa medida cautelar se adopte para cualquier otro medio de comunicación, web o red social que realice la misma actividad.

Si el prestador de servicios está radicado fuera de España, se requerirá a los prestadores de servicios de intermediación que se impida acceder a esas webs desde España. En cuanto a los medios de comunicación, solicita que se envíe un oficio a los directores de todos los que tengan sede en Cataluña, ya sean escritos o audiovisuales, públicos o privados, apercibimientos legales para que impidan la inserción de cualquier tipo de publicidad institucional o propaganda sobre el 1-O.