El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, anunció este lunes que su partido propondrá crear una comisión para el "diálogo, la evaluación y la modernización" del modelo territorial en el Congreso de los Diputados. Sánchez añadió que la petición para poner en marcha ese espacio se registrará el jueves en la Cámara baja, y explicó que hablaría con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para "persuadirle" de la necesidad de dialogar sobre esta materia.

La llamada entre Sánchez y Rajoy se produjo finalmente pasadas las ocho de la tarde. Según fuentes socialistas, el presidente del Gobierno "considera primordial la cohesión" entre PP y PSOE. En cuanto a la propuesta de la comisión, Rajoy la ha acogido "positivamente". Estas fuentes detallaron que "ambos líderes han acordado seguir dialogando".

Por la mañana, en una rueda de prensa durante un receso de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, el número uno del partido comentó que a partir del jueves trasladará esta propuesta a todos las fuerzas con representación parlamentaria -incluso a los grupos catalanes, ERC y el PDeCAT-, y defendió que es necesario un "diálogo sin exclusiones" para "reconciliar" a los pueblos de España y "reconstruir" la unidad.

Horas después, sin embargo, el diputado de ERC Joan Tardà le replicó que su partido "no participará" en esa "hipotética comisión". La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, por su parte, manifestó que sí asistiría al foro, pero para "defender el derecho a decidir" y "el referéndum del 1-O". Esa actitud preocupa en el PSOE. Una integrante de la dirección admite que si los grupos catalanes no quieren sentarse a la mesa para dialogar, la propuesta de la comisión pierde valor.

Los socialistas desean que este foro pueda ponerse en marcha antes del 1 de octubre, fecha para la que está prevista la convocatoria del referéndum en Cataluña pero, si no es posible, no renuncian a que la propuesta prospere más tarde. En ese sentido, Sánchez admitió que tiene interés en que el PP apoye la iniciativa: "Me gustaría que fuera con el PP. El PP no debe sustraerse a este debate", dijo a preguntas de los periodistas.

Algunos dirigentes confiesan en privado que lo más probable es que haya que esperar a después del 1-O para que la comisión eche a andar, porque la decisión se toma en la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos suman mayoría. En todo caso, creen que finalmente apoyarán la iniciativa, entre otras cosas, porque carece de valor efectivo y tiene carácter "simbólico". Las comisiones de estudio no aprueban leyes, sino que en ellas se sustancian debates y se aprueban documentos de conclusiones.

En su intervención de este lunes, el secretario general del PSOE afirmó que su partido estará con el Estado y con el Gobierno en la defensa de la legalidad, pero advirtió de la necesidad de diálogo: "Sin la ley no hay salida" para Cataluña, "pero sin diálogo tampoco", resumió. Sánchez resaltó que "el objetivo más importante para los próximos meses" es poner en marcha este espacio de diálogo sobre el modelo territorial, y consideró que "hay mimbres" para que la propuesta prospere.

En ese sentido, apuntó que durante esta legislatura ha habido "múltiples iniciativas" de distintos gurpos parlamentarios que "han tratado de abordar la crisis territorial", por lo que cree que "todos" están "en la misma onda". Lo fundamental, insistió, es que ese foro pueda crearse. Y una vez puesto en marcha, dijo, los socialistas no van a plantear su propuesta "como un dogma" y están dispuestos "a convencer y a ser convencidos".

Sánchez, finalmente, detalló las medidas que, a juicio de los socialistas, deberían ponerse en marcha para buscar un nuevo encaje para Cataluña. Entre ellas citó el impulso a las lenguas cooficiales, la reforma de la financiación autonómica y mayores inversiones en las infraestructuras. Esas propuestas emanan, como recordó el propio líder del PSOE, de la declaración de Barcelona que el pasado 14 de julio aprobaron las direcciones del PSOE y del PSC en una reunión conjunta.

En aquel texto ya se abogaba, por ejemplo, por la reforma de la Constitución y por la mejora del reconocimiento de la "identidad nacional" catalana y la "realidad plurinacional" de España, sin que eso implique que la soberanía nacional reside en el conjunto de los españoles, en línea con las resoluciones del Congreso Federal.