Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy a al menos ocho personas por su presunta relación con un delito urbanístico cometido en la localidad murciana de Totana. La operación está relacionada con la recalificación de más de dos millones de hectáreas de suelo rústico en urbanizable para que una empresa gallega construyese miles de viviendas.

Entre los detenidos se encuentran el director de la empresa gallega y uno de sus ayudantes, habiéndose producido ambos arrestos en Nigrán (Pontevedra). Asimismo, ha sido detenido en Totana el dueño de una empresa de productos agrícolas con sede en esa localidad, acusado de actuar de intermediador entre la empresa y las personas que podrían haber recibido sobornos para recalificar el terreno.

Además, hay dos personas imputadas: la ex mujer y la actual compañera sentimental del hasta hace unos meses alcalde de Totana, Juan Morales, del Partido Popular. Morales es actualmente diputado regional y, según fuentes de la investigación, también está siendo investigado.

La nómina de detenidos se completa con otros dos arrestos en Murcia capital y otro en Madrid. Las investigaciones corren a cargo del Grupo de Delitos Urbanísticos creado este mismo año en el seno de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Para hoy, el alcalde de Totana, José Martínez Andreo (PP), ha convocado a los tres grupos políticos con representación en el Ayuntamiento para una reunión extraordinaria. El objetivo es analizar la operación policial desarrollada ayer.

Ya lo denunció IU

El grupo de IU en Totana dio la voz de alarma en septiembre calificando de "disparate la macrourbanización anunciada por el grupo gallego Nuaria con la que pretendían construir 5.000 viviendas".

"Los propietarios de terrenos en la zona están siendo presionados y amenazados para que vendan unas propiedades que les pertenecen desde hace generaciones", explicó el concejal de IU en Totana, Juan José Cánovas.

"Son varios los vecinos propietarios de la zona que se han dirigido a IU para manifestar las presiones que vienen sufriendo para que vendan sus propiedades, bajo amenazas de expropiación".

El Ayuntamiento pide que se aclaren los hechos

El Ayuntamiento de Totana, gobernado por el Partido Popular, asegura que está prestando toda su colaboración a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para facilitar el esclarecimiento de los hechos.

"El Ayuntamiento de Totana desea apelar a la responsabilidad de todos los agentes sociales y políticos en sus declaraciones y actuaciones públicas para no manchar el nombre de Totana y evitar entorpecer la investigación en curso. Por otra parte, los hechos no han modificado la agenda de los miembros del equipo de Gobierno y ninguno va a realizar valoraciones públicas para no interferir en la investigación".

Además, solicita que se agilicen al máximo las investigaciones para evitar cualquier sospecha infundada.