El Gobierno de Brasil movilizó este sábado a más de 5.000 efectivos del Ejército y la Policía en favelas del norte y el oeste de Río de Janeiro, en un nuevo pulso contra el crimen organizado que dejó al menos dos muertos y una veintena de detenidos.

La operación, bautizada como 'Onerat' (carga en latín), persigue cumplir medio centenar de órdenes de detención y se desarrolla en comunidades de los complejos de Jacarepagua, Lins y Sao Joao, donde durante la madrugada resultaron muertos al menos dos sospechosos en actos de "resistencia" con la policía, según el secretario de Seguridad de Río, Roberto Sa.

El despliegue involucra a unos 3.600 efectivos del Ejército, otros 1.500 de los distintos cuerpos de la Policía, más de 600 vehículos de las fuerzas armadas y 70 blindados.

"Vamos permanecer en la zona hasta que se cumplan los objetivos. Pueden ser veinticuatro horas, el fin de semana, tres días o quince días. El objetivo es bloquear el crimen organizado", dijo este sábado el ministro brasileño de Defensa, Raul Jungmann, a TV Globo.

Indicó que el mundo de la delincuencia en Río de Janeiro "tiene que sentir que ya no tiene la seguridad con la que contaba anteriormente".

A media jornada, según el titular de seguridad de Río de Janeiro, se habían practicado dieciocho detenciones, entre ellas las de dos menores, y se habían decomisado vehículos, tres pistolas, una granada y una cantidad de droga que no concretó.

"Lo más importante es la demostración de que el Estado tiene que ser más fuerte que el crimen", declaró Sá en una rueda de prensa en la que admitió que, pese al impresionante despliegue, no se ha detenido, hasta ahora, a ningún jefe del narcotráfico en la zona.

Para el secretario nacional de Seguridad, Carlos Alberto Santos Cruz, esta operación demuestra que "el Estado va donde quiere, no existe territorio de facciones criminales en Río de Janeiro".

Por tercera vez en un año, el aumento de la violencia en Río llevó al Gobierno de Brasil a autorizar, la pasada semana, la movilización de hasta 10.000 soldados y agentes de cuerpos de seguridad de otros estados.

La grave crisis económica que ahoga al estado de Río ha contribuido a disparar los niveles de inseguridad, con una media de 20 muertes violentas diarias y 93 policías asesinados en lo que va de año, el último tiroteado la pasada madrugada dentro de su coche.

Sólo entre enero y marzo se han contabilizado 1.870 asesinatos en el estado de Río.

"No es admisible que tengamos un Alepo en pleno Río de Janeiro", denunció la pasada semana el secretario general de la Presidencia Moreira Franco, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Michel Temer, que también fue gobernador del estado.

Amnistía Internacional denunció el jueves pasado que, un año después de la celebración de los Juegos Olímpicos, Río sufre una "crisis dramática en todos los niveles", aunque la organización defensora de los derechos humanos alertó contra el impacto de la militarización y consideró que un aumento de la Policía y el Ejército en las calles no es la solución al problema de violencia.

Más de 20.000 militares se movilizaron en Río durante los Juegos Olímpicos, entre agosto y septiembre del pasado año, y miles volvieron a las calles en febrero para paliar los efectos de una insólita huelga de policías en demanda del pago de sus salarios.

Ahora, el decreto firmado por el presidente Temer abre la posibilidad de que el Ejército permanezca en Río hasta diciembre del próximo año.

"Nuestro mensaje es: no vamos a dar un paso atrás porque estamos determinados y vamos a ir hasta el final", advirtió el ministro de Defensa la pasada semana, cuando anunció el envío de las tropas.

No obstante, admitió que "el panorama no va a cambiar de la noche a la mañana". "Vamos a enfrentar y atacar el comando del crimen, que muy probablemente va a responder. La sociedad tiene que ser consciente de eso", recalcó.