No es oro todo lo que reluce. Así deben de pensar los 1.500 funcionarios y empleados del Ayuntamiento de Marbella tras conocer por sorpresa que el equipo de Gobierno de la popular Ángeles Muñoz piensa suprimir algunos de sus derechos como la cobertura médica privada de forma gratuita, que desde hace 13 años contempla el convenio colectivo.

Según argumenta la alcaldesa, es un "privilegio" que supone un millón de euros de gasto a las arcas municipales, pese a que el citado privilegio es un logro social que ya disfruta la plantilla de otros ayuntamientos y de instituciones como la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, por citar un ejemplo cercano.

Para los empleados municipales, hay un trasfondo más allá del escaparate de la medida anunciada. Están indignados y consideran que no deben ser ellos solos los que tengan que pagar el pato por los 15 años de gobierno del GIL.

Faltar a la palabra

Tras celebrar a primera hora de esta mañana una Asamblea general de trabajadores en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella, los trabajadores se desplazaron hasta el Ayuntamiento donde llevaron a cabo una segunda pitada en contra de la política que el Gobierno del PP piensa mantener en el Consistorio, al grito de ¡Negociación, no imposición!.

Con esta medida la alcaldesa no sólo incumple el acuerdo que el pasado 21 de abril durante la campaña electoral cara a los comicios municipales firmó con los sindicatos comprometiéndose a respetar el convenio colectivo y sus condiciones laborales, sino que además falta a su palabra de mantener una gestión transparente y con brillantez.

La alcaldesa deja caer todo el poder que le otorga la mayoría absoluta sobre la plantilla de funcionarios y empleados municipales, alegando la falta de dinero en las arcas y la necesidad de aplicar un plan de austeridad.

Sin embargo, los trabajadores critican que no tenga reparos en otorgar a directores y coordinadores de área, es decir, a sus cargos de confianza, sueldos anuales que oscilan entre los 100.000 y 120.000 euros. Asimismo, afirman que han incorporado personal de su confianza, mientras permanecen en plantilla los que estaban ya con el GIL y cobran sueldos millonarios. "Si hay que apretarse el cinturón que se aplique a todos. No vale adoptar soluciones a costa de los trabajadores", defienden.

Ante tanta "caradura", como muchos subrayan, los trabajadores no piensan quedarse con las manos cruzadas y la jornada plenaria de mañana promete ser calentita.

"Que me den el sueldo de 120.000 euros de Carlos Rubio -director de Hacienda- frente a los 1.700 que gano con extras incluida y que me quiten el seguro médico si quieren", se escuchaba esta mañana en los pasillos del Consistorio.

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