La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha archivado la investigación abierta a 137 guardias civiles por una posible estafa en el cobro de dietas falsas de alojamiento entre 2011 y 2014, al estar prescritas las presuntas faltas por las que fueron denunciados.

En el auto, la magistrada María Teresa Abad acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas tras la denuncia presentada por la Fiscalía en abril de 2015 contra 137 agentes del instituto armado después de que el servicio de Asuntos Económicos del mismo detectara la existencia de facturas sospechosas.

La mayoría de los investigados eran agentes, pero también varios mandos, incluido un teniente coronel, un comandante y cuatro capitanes. Según las pesquisas, cuando viajaban a Madrid en comisión de servicio se alojaban en la residencia de oficiales y suboficiales del cuerpo, pero a la vez pasaban factura de un establecimiento hotelero con cuyo dueño habrían pactado ese modo de funcionamiento.

La magistrada sostiene que, según la documentación recopilada, los hechos que se atribuyen a los denunciados serían, en todo caso, constitutivos de una falta de estafa y no de un delito, al haber sido cometidos presuntamente con anterioridad a la reforma del Código Penal de 2015, y por tanto, algunas de esas faltas estarían prescritas.

Recuerda en el auto que la denuncia se presentó el 30 de abril de 2015, fecha en la que habrían transcurridos "sobradamente" el plazo de seis meses fijado para la prescripción de estas faltas, que en este caso ocurrieron entre 2011 y 2014. Por todo, la jueza declara la extinción de la responsabilidad criminal por la prescripción de las presuntas faltas de estafa, si bien el auto es recurrible.

La Unión de Oficiales de la Guardia solicitó prudencia sobre el caso al defender que si esos agentes cometieron alguna irregularidad, en ningún caso lo hicieron con la intención de enriquecerse.