Un brigada está recluido por manifestarse en apoyo de los guardias civiles. Hace más de un mes que el brigada del Ejército Jorge Bravo cumple arresto en la madrileña Base de San Pedro, en Colmenar Viejo. Se levanta a las siete de la mañana, desayuna e intenta leer el periódico, del que sólo hay un ejemplar para 30 reclusos. A partir de ese momento, salvo atender a las visitas correspondientes, ninguno tiene nada que hacer.

No hay biblioteca ni Internet, cuentan con una sola línea telefónica y no tienen derecho a un vis a vis. Eso es al menos lo que asegura la Asociación  Unificada de Militares Españoles (AUME), que preside el propio Bravo. «Aquello es un caos, un escándalo», afirma el secretario general, Mariano Casado, que explica que los militares arrestados han tenido que pasar mucho frío y protestar más para que les pongan calefacción. «La comida es muy justa y no tienen ningún tipo de ocio ni de entretenimiento. Ni siquiera hay médico; se acerca de vez en cuando uno de otra unidad».

Para Casado, es inconcebible que derechos que tienen garantizados todos los presos, hasta los que tienen delitos gravísimos, se restrinjan para militares que, en realidad, no han cometido ninguno.

Bravo fue sancionado a 40 días de arresto por asistir a la manifestación de guardias civiles del pasado 20 de enero. Se consideró una falta grave por «hacer ostentación de su condición de militar», pero Casado insiste en que los informes policiales prueban que iba de paisano y que se limitó a solidarizarse con los agentes. La AUME se manifestará el próximo sábado ante al Ministerio de Defensa en Madrid en apoyo de su presidente. Será la primera manifestación convocada por un colectivo militar.