La directora de la Agencia Catalana de Protección de Datos, Maria Àngels Barbarà, ha defendido este miércoles que la existencia de una "ley vigente" que ampare el censo del referéndum de independencia anunciado por el Govern "será suficiente" para cumplir la normativa de protección de datos.

Barbarà, que ha comparecido ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, también ha desmentido que la Generalitat haya obtenido datos fiscales de los catalanes de forma "ilegal e irregular", como insinuó el exsenador de ERC Santiago Vidal a principios de año.

Durante la comisión, tanto la diputada de Ciudadanos Sonia Sierra como la diputada popular Esperanza García han preguntado a Barbarà si hay alguna "investigación en curso" sobre los datos usados en la consulta del 9N de 2014 y si la Agencia "garantizará que los separatistas no puedan usar el censo" para la convocatoria del referéndum del 1-O.

La directora ha respondido que los censos de las consultas populares de independencia celebradas en 2010 y el del 9N se ampararon, respectivamente, en dos leyes de consultas aprobadas en el Parlament (ambas impugnadas por el TC), por lo que en aquel momento "pudo usarse el registro de población de Cataluña" como censo.

En ese sentido, ha subrayado que "la legalidad de una consulta no se determina por la protección de datos", sino que para avalar el referendo "es necesaria una ley que lo habilite", ha subrayado.

"Si una ley es vigente y correcta, no habrá ningún problema desde el punto de vista de la protección de datos. Si luego la impugnan, ya es otra cosa", ha sentenciado en referencia al 1-O.

Asimismo, tras ser interpelada sobre las declaraciones de Vidal, quien aseguró que la Generalitat obtenía de forma irregular datos fiscales de los catalanes, Barbarà ha desvelado una "auditoría exhaustiva" elaborada por la ATC que desmiente al exsenador.

"No se ha detectado ningún elemento que indique que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) obtenga datos de forma irregular", ha asegurado Barbarà, quien ha añadido que la Agencia de Protección de Datos "no tendrá otro remedio" que archivar las 37 denuncias que registró por las declaraciones de Vidal.