Cobo ha señalado que la justicia gratuita es un compromiso irrenunciable y prioritario, como parte de las políticas sociales y por la igualdad que lleva a cabo el Gobierno andaluz para garantizar los derechos de toda la ciudadanía. "En este caso, de las personas que tienen menos recursos económicos para acceder a una asistencia jurídica", ha agregado.

Este servicio público garantiza el derecho a la representación letrada en procesos judiciales a la ciudadanía que no dispone de recursos económicos suficientes para su defensa ante los tribunales. De las más de 19.000 personas que se beneficiaron de este servicio que prestan abogados y procuradores, 9.739 han sido usuarias del turno de oficio, mientras que 10.026 lo son de la asistencia que se presta a las personas detenidas en el turno de guardia, así como por asuntos civiles, de lo social y contenciosos.

Ha añadido que para la Junta de Andalucía es una prioridad el sostenimiento de este servicio fundamental y se viene realizando un "gran esfuerzo" para garantizar su financiación y dar la mayor celeridad posible a sus pagos, pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales. El presupuesto para esta partida en 2017 asciende a 43,2 millones de euros, casi cinco millones más que en 2016. Desde 1997, Andalucía ha destinado más de 400 millones a la asistencia jurídica gratuita.

La justicia gratuita es un derecho básico por el que la Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.

SIMULADOR ECONÓMICO

La Consejería de Justicia e Interior cuenta en su página web (http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior.html) con un simulador económico para que los ciudadanos puedan saber al instante si tienen derecho a beneficiarse de la asistencia jurídica gratuita.

El simulador incluye diferentes preguntas sobre la situación de la persona que pueden dar derecho a ser beneficiario de la justicia gratuita, entre ellas si es víctima de violencia de género, tiene una discapacidad, ha sufrido un accidente que le ha dejado secuelas permanentes, el número de personas que forman la unidad familiar y los ingresos económicos que percibe.

La Consejería también ha impulsado un sistema de gestión de la justicia gratuita, denominado 'Temisa', que permite agilizar los trámites en esta materia y avanzar en los pagos que la Administración autonómica realiza periódicamente por este servicio en Andalucía a más de 8.000 letrados y procuradores.