El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, ha presentado este viernes la memoria judicial correspondiente al año 2016. En ella se evidencia un descenso del 25 por ciento en el número de asuntos ingresados a lo largo del pasado ejercicio -129.006- respecto a los recibidos en 2015 -158.596-.

Por órdenes jurisdiccionales, 64.670 fueron asuntos penales, 46.962 civiles, 13.664 laborales y 3.710 contencioso-administrativos.

Por otro lado, el número de asuntos resueltos a lo largo de 2016 se situó en los 136.728 frente a los 160.152 del año anterior, lo que implica un descenso del 22,4 por ciento.

De este modo, el número de asuntos resueltos en 2016 es superior al de asuntos ingresados, lo que deja una tasa de resolución media de los órganos judiciales del 1,06 por ciento -1,07 en la jurisdicción civil, 1,05 en la penal, 1,01 en la contencioso-administrativa, y del 0,97 en la social-.

En el año 2016 se dictaron en el Principado de Asturias un total de 39.083 sentencias y 56.846 autos. En lo que se refiere a la ejecución de sentencias se registraron 24.565 y fueron resueltas 30.683.

Los datos confirman, según Vidau, que se ha producido un descenso en el número de asuntos ingresados "significativo" en la jurisdicción civil, del 22,7% en los Juzgados de Primera Instancia y del 4,6% en las Secciones Civiles de la Audiencia Provincial, y asimismo se ha producido un descenso en el número de asuntos ingresados en los Juzgados Mercantiles del 19,2%.

En la jurisdicción penal se ha producido un descenso del 32,8%; en la contencioso-administrativa el descenso es del 6,6%; en la social el descenso en los Juzgados de lo Social es del 13,5%; por el contrario se produjo un incremento del 8,7% en la Sala de lo Social del TSJA respecto al año anterior.

En conjunto, la tasa de litigiosidad es en Asturias de 118,29 procedimientos por cada mil habitantes frente a los 179,7 en que se sitúa la media nacional.

Estos descensos no implican, según el presidente del TSJA, que los órganos judiciales asturianos hayan "dejado de tener trabajo", sino que siguen con un volumen de trabajo alto después de varios años trabajando "al límite o por encima de sus posibilidades" desde 2010. Ahora, ha explicado, la carga de trabajo sigue siendo alta "pero en un entorno mucho más razonable".

Después de siete años de constante incremento en el número de asuntos ingresados, Vidau ha llamado a las Administraciones competentes a mostrar un "mayor empeño" a la hora de proporcionar a la Administración de Justicia los medios personales y materiales necesarios que permitan un mejor desarrollo de la función jurisdiccional.

"Sigo insistiendo en la necesidad de abordar de una vez la modificación de la actual demarcación judicial, imprescindible para conseguir un mejor aprovechamiento de los escasos recursos personales y materiales actualmente disponibles y dotar a la Administración de Justicia de una organización más eficaz", ha señalado.

CARENCIAS MATERIALES

Abundando en este asunto, ha lamentado que en 2016 las circunstancias relativas a las carencias materiales en los órganos de justicia asturiano permanezcan en una situación "similar" a la de pasados años, a excepción de las obras avanzadas en el nuevo juzgado de Piloña y el inicio de las actuaciones para construir una nueva sede del Juzgado de Luarca. "Empezarán las obras en breve porque hay 600.000 euros destinados a ello", ha abundado.

También permanecen "sin solucionar" la mayoría de las necesidades en lo referido a la informática, siendo necesario "un impulso y un proyecto de trabajo que reduzca notablemente o acabe con los problemas de funcionamiento y las carencias que en repetidas ocasiones la Sala de Gobierno ha puesto de manifiesto".

Asimismo, el presidente del TSJA ha lamentado que "siguen siendo insuficientes" las informaciones dadas por la Administración sobre las nuevas aplicaciones informáticas para conseguir el objetivo del "expediente electrónico" y el del "papel cero".

Sobre la seguridad en las sedes judiciales asturianas, ha señalado que "no hay" incidencias de gravedad, y ha anunciado la puesta en marcha de un convenio con el Ministerio de Interior para que todas las sedes judiciales tengan vigilancia prestada por la Guardia Civil. Este convenio, para el que todavía no hay fecha, podría ser efectivo en 2018 según sus estimaciones.