Pero el caso de Daniel no es único, según Amnistía Internacional (AI), que denuncia que las torturas y malos tratos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestro país "no son hechos aislados y se extienden por todo el territorio nacional".

"No sólo existe tortura, sino también impunidad para los responsables", señaló Rachel Taylor, investigadora de AI. En este sentido, Beltrán explicó que de las 450 sentencias judiciales sobre torturas analizadas por la organización, registradas entre 1.980 y 2004, sólo 85 eran condenatorias. "Los agentes están por encima de la ley porque se les aplica el principio de presunción de veracidad", añadió. Esto significa que su palabra vale más que la de cualquier ciudadano.

Asimismo, el director de AI en España subrayó la falta de voluntad política de los gobiernos españoles de erradicar estas prácticas y lamentó el oscurantismo de la Fiscalía a la hora de registrar y publicar datos al respecto. «Esto tiene que acabar», añadió Taylor, al tiempo que pidió la instalación de sistemas audiovisuales de grabación en todas las comisarías del país.

El testimonio de Daniel

"Me pegaron una buena", cuenta Daniel, para quién lo peor fue la "indefensión" y la "impotencia" que sintió. Su novia y su amiga, que llamaron a la Policía para pedir ayuda, también fueron arrestadas, al igual que la madre de su chica cuando se acercó a la comisaría y dijo que quería declarar.

Afortunadamente, la jueza investigó a fondo y la instrucción, de momento, le es favorable. Parece que todo quedará en una falta, pero le podrían haber caído hasta 14 años de prisión. "No entiendo cómo podían dormir por las noches sabiendo que podía acabar en la cárcel por su culpa", se lamenta.