El Gobierno de Aragón elaborará una ley de mediación con fórmula para resolver conflictos

  • El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha manifestado que el Ejecutivo va a elaborar una ley de mediación en la Comunidad para favorecer que esta sea "una manera de resolver conflictos antes de que estos lleguen a los tribunales", una materia en la que "estamos en pañales, pero va a ser objetivo de este gobierno avanzar".

Guillén ha detallado que esta norma regulará "todos los procedimientos que hagan falta para que sea un sistema intra y extrajudicial de resolución de conflictos", también en materia de familia, según ha dicho en respuesta a una interpelación parlamentaria formulada por la diputada del Partido Aragonés, María Herrero, sobre custodia compartida, en el pleno de las Cortes autonómicas.

El consejero ha comentado que "vamos mejorando" en los servicios de mediación familiar, "pero no hemos llegado a la perfección" y "por eso una nueva ley", para considerar que esta figura "es menos solicitada, a veces, de lo que nos gustaría" y de los 836 casos que hubo en 2015 de mediación extra e intrajudicial en este ámbito "se ha bajado 677 en 2016".

Por otra parte, ha indicado que "intentamos dotar a los jueces de las herramientas" para que tomen las mejores decisiones en beneficio del menor en materia de custodia tras la ruptura de la convivencia de los progenitores y "hemos puesto mediadores en los juzgados de familia".

Además, dados los "retrasos" en los informes de los equipos psicosociales, "estamos reorganizando este servicio, con un trabajador social más en Zaragoza y un psicológico más en Huesca y Teruel, sumando en total cinco en Zaragoza, dos en Huesca y otros tantos en Teruel". Ha añadido que si son necesarios más expertos, "no le quepa la menor duda de que lo vamos a hacer".

Sobre la posibilidad de crear un cuarto juzgado de familia en Zaragoza, ha apuntado que esta decisión se toma "según las cargas de trabajo" y requiere de la petición del Consejo General de Poder Judicial y de la autorización del Ministerio de Justicia, si bien "los pagan las Comunidades autónomas" y el coste de creación es de unos 300.000 euros. Guillén también se ha referido a la dotación de un coordinador de parentalidad y se ha comprometido a estudiar si es necesario.

CAMBIO RADICAL

El consejero ha aportado los datos sobre la custodia compartida, tras la aprobación en Aragón en 2010 de una ley en este sentido, la primera del Estado español, y que "introdujo un cambio radical en la guarda y custodia de menores cuyos padres han roto su convivencia", estableciendo una "preferencia por la compartida frente a la individual, siempre que esta última no sea más conveniente para el menor".

Guillén ha precisado que si en 2010 la custodia compartida suponía el 8 por ciento de los procedimientos contenciosos de familia, actualmente representa el 30 por ciento, mientras que en los casos de separación por mutuo acuerdo "es el sistema más general". Por otra parte, solo 14 de los 738 casos de uso de los puntos de encuentro familiar corresponde a casos de custodia compartida, el 1,79 por ciento, por lo que "existe menor litigiosidad entre los padres a la ahora del régimen de visitas".

Ha añadido que la custodia compartida es la principal materia de casación en la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y entre 2011 y 2016 más de la tercera parte de los recursos ha sido ocasionados por sobre el régimen de custodia de los hijos, y la cifra es del 60 por ciento de los recursos si se incluyen el uso de la vivienda, los gastos para los hijos y la asignación de pensión.

MÁS MEDIOS

La diputada del PAR, María Herrero, ha señalado que los datos reflejan que no en todos los casos se dicta la custodia compartida y ha pedido al consejero que la Administración conceda a los jueces las ayudas necesarias para "tomar las decisiones más acertadas". Al respecto, ha apuntado que "la mediación intrajudicial no está funcionando adecuadamente y hacen falta más trabajadores sociales", mientras que "el perfil de los profesionales tendría que ser más especializado".

La parlamentaria ha abogado por "la disminución de los conflictos y litigios y hacer que la sociedad madure", así como "velar por la igualdad entre hombres y mujeres", teniendo siempre como prioridad el interés del menor. Tras subrayar que Aragón fue "punta de lanza" de una "regulación avanzada" en esta materia impulsada desde su grupo, ha querido saber cómo está funcionando la aplicación de esta ley.

Según ha sostenido, "ha disminuido la litigiosidad considerablemente y hay muchos más acuerdos" y los problemas se detectan "cuando hablamos de casos concretos", que es cuando "el juez tiene que tomar decisiones en interés del menor" y para eso son precisos "medios y recursos", también para los equipos psicosociales. En este punto, ha querido conocer si se plantean crear el cuarto juzgado de familia en Zaragoza. También ha criticado que la mediación intrajudicial "se haya sacado de la Ciudad de la Justicia y esté en la Audiencia Provincial".

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