Tres de las seis empresas del grupo Llanera sometidas a concurso de acreedores presentaron hoy ante el juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia, de forma independiente, una solicitud de Expediente de Regulación de Empleo (ERE), según informaron en un comunicado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

En concreto, se trata de las sociedades Llanera Construcciones y Proyectos S.L; Llanera Urbanismo Inmobiliaria SLU y Llanera S.L., que en suma aglutinan a 328 trabajadores, de los que las empresas proponen quedarse con 92, lo que supone extinguir el 72 por ciento de los contratos vigentes actualmente.

En el caso de la sociedad Llanera Construcciones y Proyectos S.L, la solicitud de ERE está acompañada de un acuerdo entre los administradores concursales y los representantes elegidos por los trabajadores, lo que supone que el magistrado podrá resolver en un plazo mucho más breve el caso, ya que se elude el trámite de consultas entre las partes previsto por la Ley Concursal, que en este caso sería no superior a 30 días por la dimensión de la empresa. No obstante, ahora falta el preceptivo informe de la autoridad laboral antes de que el magistrado resuelva.

Llanera Construcciones y Proyectos es la empresa del grupo que mayor número de trabajadores tiene en plantilla en estos momentos, 175, de los que sólo permanecerían 19. El acuerdo de indemnización alcanzado por los administradores concursales y los trabajadores en este caso es de 25 días por año trabajado, y hasta un máximo de 12 mensualidades, indicaron las mismas fuentes.

En el caso de Llanera Urbanismo Inmobiliaria SLU, la propuesta de la empresa es extinguir 46 de los 74 contratos indefinidos que tiene en estos momentos, por lo que su plantilla quedaría reducida a 19 trabajadores.

Por lo que respecta a Llanera S.L, la propuesta empresarial es de resolver 34 de los 79 contratos vigentes, dejando una plantilla de 45 trabajadores. En estos dos últimos casos, el juzgado de lo mercantil número 2 tiene que abrir el período de consultas a las partes --administración concursal y representantes de los trabajadores-- para que intenten llegar a un acuerdo. Cuando se alcance, debe ser informado por la autoridad laboral antes de que resuelva el magistrado.