Así, el presidente de Clece, Cristóbal Valderas, ha señalado que "las administraciones tienen la capacidad a través de los pliegos de contratación de favorecer la integración laboral y garantizar que el importe de licitación se adecúa a la calidad de los servicios exigidos".

"Las empresas no ponemos las condiciones, nos adaptamos a lo que el pliego demanda", ha afirmado para después añadir: "Falta la voluntad política de poner en marcha lo que dice la ley en materia de integración".

El evento ha contado con la participación de la regidora de Bienestar, Mercè Borràs, y la directora general de Trabajo, Economía Social y Empleo, Isabel Castro, entre otras autoridades.

Borràs ha destacado que los servicios sociales comunitarios "son el primer nivel del sistema público de servicios sociales, y estos se coordinarán con el nivel de atención especializada y con otros servicios que operen en el territorio, entre ellos los de empleo para favorecer una intervención global en las personas".

Así, ha aprovechado el acto para explicar que el año pasado los Servicios Sociales atendieron 24.834 personas atendidas y de estas, 2.703, fueron actuaciones relacionadas con sus necesidades de inserción laboral.

Por su lado, Castro ha destacado que "la administración debe garantizar y mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas con diversidad funcional".

Además, ha señalado la importancia que desde el Govern se le está dando a la inclusión de cláusulas sociales que garanticen que las empresas que se presenten a concursos públicos cumplan con la normativa vigente en materia de inserción laboral y cumplan con los convenios colectivos. "Queremos contratar con las empresas que nos aportan más valor", ha dicho.