La Junta se compromete con el alcalde a inversiones en materia de vivienda por más de 21 millones

  • El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha comprometido en su reunión con el alcalde de Cádiz, José María González, inversiones en materia de vivienda para la ciudad por importe de 21,1 millones de euros y para un total de 1.226 viviendas públicas en alquiler.

Según ha explicado la Junta en una nota, parte de las actuaciones están ya en marcha en las dos Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU) declaradas en Cádiz para el casco histórico y la barriada La Paz, donde se rehabilitan fincas y edificios que suman 1.057 viviendas con una inversión de 6,6 millones.

López ha reiterado el compromiso anunciado a finales del pasado año por la Consejería de Fomento para seguir destinando recursos a la vivienda en la ciudad de Cádiz, donde también se están retomando ya otros proyectos, como la segunda fase de Matadero y la séptima del Cerro del Moro. Estas dos actuaciones permitirán promover 169 nuevas viviendas, con una inversión estimada de en torno a 14,5 millones de euros.

Durante la reunión, López ha remarcado que la decisión de la Consejería de retomar la promoción de vivienda protegida en la capital gaditana ha sido posible después de que en los últimos meses se haya reactivado la venta de suelos residenciales en la provincia.

Concretamente, entre diciembre de 2016 y marzo de este año, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha adjudicado dos parcelas para inmuebles libres en Costa Ballena (Chipiona). La primera de ellas generó a final del pasado año un ingreso de 4,8 millones, en tanto que la segunda parcela, adjudicada en cuatro millones, se encuentra aún pendiente de escritura.

"La venta de suelos para vivienda libre tiene que generar beneficios a la sociedad, porque ése es el espíritu y el objetivo de nuestras políticas", ha dicho el consejero, añadiendo que en el caso de Cádiz, esos beneficios se van a traducir en promoción de VPO, destinada a las familias con menos recursos de la población.

LAS PROMOCIONES DE MATADERO Y CERRO DEL MORO

En ese contexto, la Consejería de Fomento y Vivienda anunció a finales del pasado año el impulso de proyectos muy demandados en la ciudad, como la segunda fase de Matadero, que se va a ejecutar en dos fases, con una primera actuación para construir 60 viviendas en alquiler, sobre un proyecto cuyo estudio de detalles ya se ha presentado al Ayuntamiento para su aprobación.

Una vez se haya ejecutado esta intervención, se acometerán las 42 viviendas restantes, también en régimen de arrendamiento. La segunda fase de Matadero tendrá un coste estimado de 5,7 millones de euros y se prevé que las obras puedan iniciarse en el primer trimestre del próximo año.

Asimismo, ha subrayado que AVRA ha retomado los trabajos para acelerar la ejecución de la séptima fase de rehabilitación integral del Cerro del Moro. Actualmente, la Consejería está acelerando la firma de escrituras a fin de hacerse con la propiedad de los 47 inmuebles que habrá que demoler para disponer del suelo en el que se edificarán las 67 nuevas viviendas proyectadas en la séptima fase de esta intervención.

La Junta se propone ejecutar la demolición de los tres edificios en el primer trimestre del próximo año, para poder iniciar las obras a continuación. La inversión estimada para la séptima fase, incluidos los costes de adquisición de viviendas, demolición y edificación, es de 8,8 millones.

Las dos actuaciones, Matadero Sur y séptima fase del Cerro del Moro, deberán ser ejecutadas en el plazo de año y medio desde que se inicien las obras.

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LAS ARRU

Al mismo tiempo, ha apuntado que están en plena ejecución buena parte de las obras previstas en el acuerdo de declaración de las dos ARRU de Cádiz, que están permitiendo ejecutar mejoras de diversa naturaleza en las zonas comunes de edificios de viviendas públicas en alquiler, tanto en el casco antiguo como en la barriada La Paz. Estas obras benefician a 1.057 familias gaditanas que residen en el parque público de titularidad autonómica.

Estas actuaciones se suman a las que ha venido ejecutando la Junta de Andalucía en la ciudad de Cádiz desde que en 1999 puso en marcha el Plan de Rehabilitación del Casco Histórico, actuaciones que han supuesto inversiones por importe de 182,6 millones de euros y han beneficiado a 7.700 familias, que han visto resuelta su necesidad de habitacional obteniendo un inmueble público en alquiler, nuevo o rehabilitado.

Además, López ha explicado que la Consejería de Fomento, tal como se comprometió la presidenta de la Junta de Andalucía, va a retomar los convenios con diferentes comunidades de vecinos para resolver el problema de la accesibilidad. En el caso concreto de Cádiz se trata de siete convenios y, tal como ha anunciado este miércoles, en el plazo de un mes se podrán transferir a las familias afectadas los fondos para financiar el 50 por ciento de la intervención prevista.

López también ha detallado que la orden de rehabilitación edificatoria de 2016, que ya se está terminando de resolver y que en el 90 por ciento de los casos contempla actuaciones para la mejora de la accesibilidad a través de la instalación de ascensores, va a beneficiar a 47 comunidades de la ciudad de Cádiz, que suman un total de 752 viviendas, gracias a una inversión de 1,3 millones de euros. En la anterior convocatoria fueron beneficiarias cinco comunidades de Cádiz (90 viviendas) con una subvención de 86.000 euros.

Respecto a las ayudas al alquiler, que se abonarán durante este año, ha recalcado que van a beneficiarse unas 3.000 familias de la provincia de Cádiz con una inversión estimada de unos tres millones euros.

Por otro lado, Felipe López y José María González han abordado el papel de las administraciones en la lucha contra los desahucios y, en ese sentido, el consejero le ha trasladado al alcalde la reciente aprobación por parte del Consejo de Gobierno del proyecto de Ley de Tanteo y Retracto, una norma que permite a la Junta ejercer el derecho de compra preferente de los inmuebles afectados por ejecuciones hipotecarias y daciones en pago, garantizando así la permanencia de las familias en sus hogares a través del pago de un alquiler social. "Esta futura ley será una medida más que viene a sumarse al conjunto de acciones que viene aplicando el Gobierno andaluz en este ámbito", ha puntualizado.

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