El Ayuntamiento de Santiago ha trasladado a la Fiscalía los contratos de licitación de la red de centros socioculturales por posibles irregularidades cometidas en la última convocatoria, en 2012, y en la prórroga de esta misma, adoptada en 2014.

Así lo ha anunciado el regidor santiagués, Martiño Noriega, en una comparecencia de prensa celebrada este lunes en la sede consistorial, donde también ha avanzado la aprobación por parte de la junta de gobierno local del inicio de la licitación del nuevo contrato de la red de centros socioculturales para los dos próximos años por valor de cerca de un millón de euros.

La red de centros socioculturales del Ayuntamiento de Santiago lleva sin contrato desde el mes de mayo de 2016, cuando finalizó la prórroga de la empresa adjudicataria, Arasti Barca, que gestiona el servicio desde 2012.

Noriega ha justificado el retraso a la hora de iniciar este proceso de licitación debido a que el gobierno compostelano ha buscado redactar nuevos pliegos para impedir que "sigan llegando sentencias" condenatorias para el ayuntamiento relativas por "cesión ilegal" de trabajadores municipales.

Y es que, según el alcalde, las sentencias contra el consistorio "empiezan a llegar en el período 2007-2011" por condiciones en los pliegos que fueron "reproducidas" en la licitación del contrato de la red en 2012, asumido por la empresa Arasti Barca SL y que fue prorrogado dos años más tarde, en 2014.

En relación a ello, Martiño Noriega ha apuntado que desde el gobierno local no existe "ánimo de persecución" por lo que no señalan "nombres y personas" que pudiesen ser responsables de esta situación. "Lo que no entendemos es por qué se adoptaron decisiones técnico-políticas, como reproducir los pliegos, cuando ya había sentencias entre 2007 y 2011", ha apostillado.

SENTENCIAS "SOLIDARIAS"

Asimismo, ha anunciado que el Ayuntamiento de Santiago iniciará los procedimientos para "llevar a efecto" las repercusiones de estas sentencias que condenaban "solidariamente" al gobierno local y a la empresa adjudicataria, a la que "en ningún momento se le repercute" los fallos judiciales, que fueron "siempre asumidos por el Ayuntamiento".

Estas sentencias condenaban de forma "solidaria" al consistorio y a la empresa por "cesión ilegal" de trabajadores municipales que, según Noriega, han supuesto, por el momento, multas de cerca de 700.000 para las arcas del ayuntamiento.

Dichas sentencias "ya existían antes de la última licitación" pero, sin embargo, Noriega ha apuntado que "no se adoptaron medidas para evitar nuevos casos" y "se mantuvo el mismo sistema de pliegos" en los que "no se clarificaron" las funciones de estos trabajadores.

Los fallos judiciales, según el regidor, "obligaron a hacer un trabajo pormenorizado en las prescripciones y pliegos para definir las funciones a desarrollar por las personas de la contrata y diferenciarlo del trajo de personal dependiente del ayuntamiento".

Todo ello, ha continuado, motivó los retrasos en la redacción de los nuevos pliegos de licitación, a lo que hay que sumar que la nueva licitación incorpora al servicio la figura de un funcionario público con cargo de directivo, decisión para la que fue necesaria la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.