Este memorial se ubica en el entorno de protección de dos Bienes de Interés Cultural (BIC) como son el Torreón de la Zuda y los restos de la muralla romana, y frente a la iglesia de San Juan de los Panetes.

Este órgano de vigilancia y protección del patrimonio cultural que depende del Gobierno de Aragón ha actuado de oficio al enterarse "por los medios de comunicación" de la instalación de la escultura, ya que desde el Gobierno de Zaragoza no se le había solicitado la autorización "previa y preceptiva", ha relatado Navarro.

En declaraciones a los medios de comunicación, el concejal del PP ha precisado que en el informe la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Zaragoza "no se pronuncia sobre la legalidad del emplazamiento porque nadie se lo ha preguntado, sino que traslada al Ayuntamiento su preocupación porque debe ser legalizado al no cumplirse con el trámite preceptivo de consulta al actuar frente a dos BIC".

A su parecer, se trata de "un caso claro de gestión" al argumentar que "ZEC no lo ha podido hacer peor", en referencia a que el concurso para crear la escultura "se hizo mal porque los colectivos afectados dijeron que era un despropósito en la forma, y ahora es un despropósito legal porque está en una ubicación ilegal", ha resumido.

Pedro Navarro ha abundado en que el Gobierno de la ciudad "instaló el monumento sin el vinculante y preceptivo informe de patrimonio cultural y además la escultura no cuenta con el apoyo de los colectivos a los que representa, tampoco cuenta con el apoyo de los grupos municipales, ni con el respeto obligatorio a la ley".

El concejal del PP ha arremetido contra los responsables de Urbanismo y Cultura "porque no son capaces de cumplir con la ley", y ha avanzado que el PP exigirá en la Gerencia de Urbanismo que se legalice la instalación del memorial, porque las víctimas a las que representa no se merecen que el Ayuntamiento ponga en entredicho sistemáticamente todo lo que toca".

Tras este acuerdo, la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural ha solicitado al Ayuntamiento de Zaragoza toda la información sobre este asunto y en virtud de los documentos elaborará un nuevo informe en el que "tendrá que decir si es legal o no la ubicación en función de los bienes a proteger y el patrimonio que hay alrededor".

Finalmente, ha reiterado que el PP "reclama que se cumpla la ley" y

cuando la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural se pronuncie se propondrá una alternativa, pero "primero que cumpla la ley".