La defensa de la familia Pujol ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que anule dos informes policiales incorporados a la causa en la que investiga a los nueve miembros del clan al considerar que derivan de los documentos del pendrive expulsado del caso por su procedencia ilícita.

Al anular la prueba del pendrive, el juez excluyó definitivamente todos los documentos aportados a la causa a través de ese soporte informático, incluido el informe policial 9.842, por haber sido obtenidos de forma ilícita, pero ahora la defensa de los Pujol considera que deben anularse también otros dos informes policiales que, a su juicio, surgieron de información contenida en el pendrive.

"La purga del procedimiento debe abarcar y extenderse, además de al informe 9.842 y sus anexos (el que surgió del dispositivo), a la de todos aquellos objetos y documentos derivados y, entre ellos los informes de inteligencia policial que se alimentan en su origen" de la información del pendrive, indican los abogados Cristobal Martell y Albert Carrillo en su recurso al juez, al que ha tenido acceso EFE.

Se trataría concretamente de los informes 38.352 y 40.784 "y de todos los elementos novedosos que estos informes y el 9.842 incorporan con prohibición de desplegar nueva actividad investigadora con respecto a ellos".

Al rechazar el pasado 28 de marzo la información contenida en ese dispositivo de memoria, De la Mata también dedujo testimonio por posibles delitos de prevaricación y fraude procesal al exnúmero dos de la Policía Nacional Eugenio Pino y a un subordinado suyo, el inspector jefe Bonifacio Díez Sevillano.

En su recurso, los abogados piden también al juez que tome declaración al inspector jefe de grupo de la UDEF, con el número 89.140, por ser la persona que incorporó a la causa "elementos de prueba ilícitos con potencial contaminante" por considerarle autor de un delito de revelación de secretos al haber obtenido la información de "un sistema informático invadido" el de la agencia de detectives Método 3.

También quieren que se le interrogue por que fue "quien decide utilizar la información viciada y plasmarla en un informe", ya que si bien el juez indicó en su auto que usó esa información "bajo la convicción  de su licitud", "esa conclusión esta huérfana de indicios" a su juicio por que "quien utiliza la documentación para incluirla en un informe policial es quien debe velar por la corrección de su obtención".

Piden además la expulsión de la causa de aquellos objetos novedosos de la investigación y de todo aquel material probatorio obtenido a partir de "aquel inicial material ilícito" como es el caso de las pesquisas a las mercantiles Ambulancias San Patricio, Nou Cents Habitatges, Globus Barcelona, World Trade Center, Azimut Cardedeu. Ibadesa Cat, Prointer, Taisc y Coge Espanya.

De la Mata destacaba en su auto que, "una vez se advirtió que el origen de los documentos era dudoso", el informe policial que surgió de esos documentos, y los documentos en sí, "se mantuvieron desde el primer momento en una pieza separada apartada del procedimiento" "con finalidad profiláctica, para evitar contaminar la investigación".