Los hechos sucedieron en la campaña electoral de 2015, denunciándose que se vertieron acusaciones contra el entonces candidato socialista en octavillas en las que se aludía a presuntos cobros irregulares en el año 2000. La denuncia se formuló delitos de calumnias, falsedad documental e infidelidad en documento.

La causa se archivó ya una primera vez al considerar la jueza que los hechos expuestos no eran constitutivos de delito, pero la Audiencia de Málaga ordenó reabrir el caso y que se tomara declaración al alcalde y a las otras dos personas denunciadas, que son funcionarios municipales.

Los investigados prestaron declaración y aportaron documentación, según ha indicado Lucena, tras lo que la instructora ha vuelto a decretar en un auto el archivo provisional de la causa, que, según ha apuntado, no se ha declarado compleja y "ya ha pasado el plazo de seis meses, por lo que no se pueden practicar más diligencias".

No obstante, el actual portavoz socialista ha expresado su intención de recurrir esta decisión; mientras que Lucena ha apuntado que se "reserva acciones", al considerar que la querella "podría ser constitutiva de delito de denuncia falsa".

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