En concreto, llevará ante el Tribunal de Cuentas la actuación de la exalcaldesa y de otros ediles de la Junta de Gobierno Local que presidía "como Miquel Domínguez, concejal responsable de la Junta; Alfonso Grau, coordinador del área de Economía; Silvestre Senent, concejal de Presupuestos; Jordi Bellver, coordinador del área de Urbanismo, y Francisco Lledó, como responsable de expropiaciones".
Así lo han anunciado este viernes el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, y el concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, que han destacado que la no ejecución de esas expropiaciones ha supuesto "un perjuicio económico de 17,3 millones de euros a las arcas municipales", dado que cuando se ordenó la expropiación eran suelos agrícolas y con el paso del tiempo se convirtieron en urbanos. Han afirmado que el consistorio ya ha abonado esa cantidad.
Ribó y Sarrià han señalado que el Jurado Provincial de Expropiaciones estableció el justiprecio de la expropiación de terrenos en 961.000 euros y han resaltado que al no ejecutarse en su momento y cambiar la calificación del suelo el valor alcanzó los 18,28 millones de euros. El primer edil ha considerado "escandaloso" este asunto y ha censurado la "negligencia" que "como mínimo" supone ese modo de actuar.
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