Tesorería General de la Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social. EUROPA PRESS

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 30 personas e investigado a otras 27 por delitos en una operación contra el fraude a la Seguridad Social, en la que un total de 39 empresas han sido investigadas en nueve comunidades, entre ellas Andalucía, por defraudar 10,5 millones de euros mediante el impago de cuotas y el cobro indebido de prestaciones.

Según ha informado la Policía en un comunicado, entre los implicados se encuentran tanto los administradores de las empresas como las personas que colaboraron en la comisión de los delitos. Todos están siendo investigados por distintos tipos de irregularidades, desde delitos por impago de seguros sociales hasta alzamiento de bienes o cobro indebido de prestaciones por desempleo.

En concreto, los investigadores han descubierto un total de diez delitos contra la Seguridad Social; 17 delitos de fraude de subvenciones; cuatro de frustración en la ejecución; 26 de falsedades documentales; uno de malversación de caudales públicos; otro de pertenencia a organización criminal; y cuatro delitos contra los derechos de los trabajadores.

Nueve empresas investigadas

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de junio tras ser detectadas irregularidades en varias empresas ubicadas en nueve comunidades autónomas. En concreto, en las provincias de Murcia, Almería, Soria, Toledo, Madrid, Barcelona, Castellón, Alicante, Sevilla, Lugo, Badajoz, Cáceres y Valencia.

En total fueron investigadas 39 mercantiles por el impago sistemático de las cotizaciones a la Tesorería General de la Seguridad Social tanto de las cuotas correspondientes a sus trabajadores como en las que le corresponde abonar a la propia empresa.

Durante la operación policial, se constató la falta de voluntad de los empresarios en negociar con la Seguridad Social el pago de dichas obligaciones solicitando aplazamientos o fraccionamientos de pago, así como las incomparecencias sistemáticas de los responsables de dichas empresas a los distintos requerimientos y citaciones ante las distintas Inspecciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social.