El Consejo Europeo, es decir, los jefes de Estado y Gobierno de los 27 países de la Unión Europea (Reino Unido está excluido), se reunirá el próximo 29 de abril en una cumbre extraordinaria para aprobar su hoja de ruta definitiva sobre el brexit, según ha informado su presidente Donald Tusk.

El borrador del documento se hará público el 31 de marzo, a las 48 horas de recibir la carta de Theresa May sobre el inicio del proceso. Tras la cumbre, la Comisión Europea hará sus recomendaciones al respecto para que el Consejo las adopte, y entonces este otorgará a la Unión el mandato decisivo para comenzar a negociar con el país saliente.

El Gobierno británico anunció el lunes que activará el artículo 50 del Tratado de la UE el próximo 29 de marzo y que ese mismo día la primera ministra comparecerá ante el Parlamento nacional para dar cuenta de su decisión.

Tusk destacó que, "personalmente, desearía que el Reino Unido no hubiera escogido marcharse de la UE. Pero la mayoría de los votantes británicos lo decidieron de otro modo". "Así, debemos hacer todo lo que podamos para que el proceso de divorcio sea lo menos doloroso posible para la UE", puntualizó en una declaración a cuyo término hubo posibilidad de preguntas.

Según dijo, "nuestra principal prioridad para las negociaciones debe ser crear toda la certidumbre y claridad posibles para todos los ciudadanos, empresas y Estados miembros que se vean afectados negativamente por el 'brexit', así como nuestros importantes socios y amigos en todo el mundo".

Por otro lado, un informe presentado en el Parlamento Europeo, y elaborado a petición de la Comisión Asuntos Constitucionales por los académicos españoles Antonio Fernández Tomás y Diego López Garrido, sostiene que los británicos dejarán con el "brexit" de ser titulares de los derechos y libertades fundamentales previstas en los tratados europeos, excepto que se pacte lo contrario entre Bruselas y Londres.

Según El impacto y las consecuencias del 'brexit' sobre los derechos adquiridos de los ciudadanos en la UE, derechos como la libre circulación de personas y bienes, el de establecimiento o trabajo, entre otros, no deben considerarse "derechos adquiridos" de los individuos y por tanto se extinguirán con la salida de su país de los tratados de la Unión.

Fernández Tomás señaló que no hay precedentes históricos judiciales, salvo quizá en el caso del derecho a la propiedad, que sostengan que los derechos que han tenido individuos por ser de un Estado puedan proseguir en el momento que ese país deja de estar sometido a un ordenamiento jurídico, en este caso, el de la UE.

El profesor apuntó al mismo tiempo que "no hay objeción alguna a que haya un periodo transitorio o incluso una vez se haya consumado la salida que se pacte por parte de la UE y Reino Unido prolongar esos derechos".

López Garrido señaló en ese sentido "la importancia de un pacto amplio" que termine con "las incertidumbres" sobre qué derechos tendrán durante el proceso del "brexit" y después del mismo los ciudadanos británicos que viven en la UE y viceversa.

El también ex secretario de Estado para la UE señaló que debería haber tres acuerdos con Londres: el de retirada (con la aplicación del artículo 50), el del periodo transitorio, y el que perdurará tras salida, con Reino Unido ya considerado como país tercero.