En declaraciones a los periodistas, el delegado ha señalado al respecto que desde 1989 existe una ley de inventarios de espacios naturales protegidos por la que se prohíbe la caza en los parajes naturales. "Lo que hacemos es cumplir la ley", ha señalado Martínez, quien pese a ello ha señalado que la Junta trabaja en una revisión del decreto de caza para permitir "la caza de gestión en estos lugares".

Martínez ha destacado la "buena relación" e "interlocución directa" que existe con las entidades de representación de cazadores así como la "disponibilidad, diálogo y consenso" a los que está dispuestos la Junta para "poder sentarnos y ver las salidas que sean oportunas" con el fin de "intentar satisfacer las demandas de todo el mundo".

En una nota, la FAC ha recordado que en septiembre de 2014, cazadores, ecologistas y resto de actores convocados en el Consejo Provincial de Medio Ambiente aprobaron por unanimidad el aprovechamiento cinegético de las especies que provocan daños -ciervo, cabra montés y jabalí-, así como la caza de la perdiz con reclamo por su carácter tradicional.

No obstante, "la Consejería de Medio Ambiente ha decidido obviar la actividad cinegética excluyéndola de los planes de ordenación de los parajes naturales de Desierto de Tabernas, Sierra Alhamilla y Karst en Yesos de Sorbas", según han valorado tras la publicación de los PORN.

Para los cazadores, la consecuencia de esta decisión "será la desaparición inmediata de 25 cotos de caza que aglutinan un total de 22.000 hectáreas, lo que afectará a diez sociedades de cazadores federadas y a 40 cotos privados". No en vano, aproximadamente un millar de cazadores "se verán directamente afectados por esta decisión", según ha estimado la Delegación Provincial de la FAC en Almería.

Los afectados se han unido en una plataforma integrada por la federación, sociedades de cazadores y cotos privados de caza, para representar al millar de interesados afectados, quienes han mostrado su "indignación" con la Consejería de Medio Ambiente "por una decisión que supone un grave perjuicio medioambiental, social y económico para la provincia almeriense".

La FAC ha advertido las "graves consecuencias" que esta decisión pueden acarrear para la conservación de estos parajes, en los que resulta "fundamental" el control de la superpoblación de especies "que no sólo provocan daños a la agricultura o las zonas de valor ecológico, sino que además representan focos y vectores de transmisión de enfermedades".