Las ejecuciones hipotecarias aceleran su frenazo en el sector inmobiliario español. Las órdenes judiciales que, por causa de un impago, ordenan vender una vivienda hipotecada se redujeron ya un 12,6% en 2015, pero el año pasado la caída se acentuó al 30,9% según ha comunicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE) tras analizar los datos de los registros de la propiedad.

El organismo estadístico contabilizó el pasado ejercicio 21.064 procedimientos de ejecución sobre vivienda habituales, una figura que solo implica la apertura de un procedimiento judicial —puede haber varios por cada hipoteca— y que difiere del desahucio en que éste supone el lanzamiento final con cambio de posesión del inmueble tanto por entrega voluntaria como por mandato judicial. Los desahucios, según el CGPJ, cayeron un 9,7%.

De este modo ya son dos ejercicios consecutivos de bajadas en el número de ejecuciones sobre viviendas. Unos procesos que de forma mayoritaria se están produciendo sobre viviendas adquiridas durante la llamada burbuja inmobiliaria, un período en el que el precio de los inmuebles se disparó por encima de su valor real de mercado y cuyo pinchazo inició la profunda crisis económica en España desde 2008 a 2014.

El 75,1% de las viviendas para las que se expidió el año pasado un certificado de ejecución hipotecaria fueron adquiridas en algún momento anterior al año 2009. Y hasta el 59,5% solo en el período que va desde 2005 a 2008. "Esos cuatro años coincidieron fueron los mayor precio y donde probablemente, en muchos casos, el precio de la vivienda llegó a ser inferior al importe de la hipoteca", explica Manuel Gandarias, director del Estudios de pisos.com

Para Gandarias, la tendencia seguirá a la baja en el 2017 porque "los criterios de solvencia en la concesión de préstamos se han endurecido" y eso reducirá a medio plazo las cifras de morosidad y de ejecuciones. "De todos modos, aún queda por sanear en el sector inmobiliario y financiero", zanja.

El dato se conoce un día antes de que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se concentre en toda España para exigir el archivo de estos procedimientos judiciales en virtud de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de enero que declaró "abusivas" las cláusulas de vencimiento anticipado que permiten al acreedor resolver un contrato hipotecario e iniciar una vía de desahucio por el impago de tres cuotas.

La decisión de la Corte europea se produjo a raíz de la consulta efectuada por un juez de Santander en el caso de un hipotecado que dejó de pagar siete mensualidades de las 564 de las que constaba su préstamo. El TJUE dictaminó que el retraso no era lo "suficientemente grave" como para justificar una medida tan importante para el propietario de vivienda como es la ejecución hipotecaria y el inicio de su lanzamiento.

Algunas audiencias provinciales han decidido paralizar temporalmente las ejecuciones hipotecarias. Una de ellas fue la Audiencia de Castellón, a finales del pasado mes de febrero. Otra, la Audiencia de Madrid, la semana pasada. Ambos tribunales provinciales esperará a conocer la doctrina comunitaria para saber si seguir resolviendo como hasta ahora—es decir, estudiar las circunstancias de cada caso— o si deben declarar nulas todas las cláusulas de vencimiento anticipado.

Esta última medida es la que defiende la PAH. "Todos los procedimientos de ejecución hipotecaria son ilegales y, por tanto, todos los desahucios desde 1995 lo son", consideran desde la plataforma, cuya comisión jurídica solicitará este martes a los decanos judiciales del país que transmistan a los jueces la necesidad de "suspender cautelarmente todos los procedimientos".